La ley de «muerte digna» divide al Consejo Consultivo de Canarias

La proposición de ley de «derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida» ha dividido al Consejo Consultivo . El presidente del órgano, Carlos Millán, se ha desmarcado del dictamen que la mayoría aprobó el 9 de septiembre y que, con algunos reparos, considera la propuesta viable.

El 11 de junio, el pleno del Parlamento de Canarias acordó por unanimidad dar curso a la proposición de ley de «muerte digna». La iniciativa fue de Coalición Canaria y Partido Socialista Canario, es decir, de las dos fuerzas políticas que apoyan al Gobierno regional, pero tanto el Partido Popular como los integrantes del grupo mixto (Nueva Canarias y Partido de Independientes de Lanzarote) secundaron su tramitación. Ya en el Consejo Consultivo, cuyo dictamen es preceptivo, la propuesta de nacionalistas y socialistas ha causado división: la mayoría del órgano sostiene un parecer y su presidente, otro. En suma, los primeros juzgan viable la proposición de ley, aunque con observaciones, mientras que Millán cree que la opinión mayoritaria cojea en su fundamentación, cuando menos en una parte lo suficientemente importante como para presentar un voto particular.

Los consejeros, Millán al margen, concluyen que el texto de la Cámara se ajusta a la Constitución, al estatuto de autonomía y a la legislación básica, y así lo exponen en su dictamen, al que ha tenido acceso ABC. En cambio, el presidente del Consultivo entiende, según explica en su voto particular, que ya solo la disposición final segunda vulnera «el orden general de competencias constitucionales y estatutarias». Y si bien es cierto que la mayoría hace una observación a la susodicha disposición final, pues se pretende con ella modificar el decreto autonómico sobre las «manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario y la creación de su correspondiente registro», lo que solo puede hacer el Ejecutivo de las Islas, no el Parlamento, también es cierto que ello no obsta para que estime que la propuesta se ajusta al marco legal. Y Carlos Millán no lo ve así: «La disposición vulnera, en consecuencia, el orden general de competencias constitucionales y estatutarias».

La anterior no es, sin embargo, la única fricción entre los consejeros y su presidente. Además de una apenas velada crítica de Millán hacia los «elementos externos» que influyen en la actividad parlamentaria (al hilo de lo cual recuerda que la proposición «se limita a reproducir literalmente disposiciones ya aprobadas por otras cámaras»: las de Andalucía, Aragón y Navarra), este también recuerda que la regulación de los deberes de los profesionales sanitarios es competencia exclusiva del Estado, tema competencial, entre otros, que «tampoco resuelve» el dictamen. Asimismo avisa que no cabe deducir, ni de la Constitución ni de la jurisprudencia, «un supuesto "derecho a la muerte"».

La ley de «muerte digna» regulará, de aprobarse, cuestiones como el rechazo de un tratamiento o de una intervención, los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor, la administración de sedación paliativa, el consentimiento informado, etcétera.