El gobierno canario busca cobertura legal para su consulta antipetrolera con dos nuevos decretos
El ejecutivo de Paulino Rivero planea celebrar su «referéndum» antes de finales de noviembre, sin censo electoral y apelando a una inscripción voluntaria, de manera presencial o telemática
En noviembre podría llegar a haber no una sino dos consultas populares en España, y las dos de dudosa legalidad. A la de Cataluña que impulsa Artur Mas se sumaría la de Paulino Rivero en Canarias, «contra las prospecciones» petrolíferas, tal y como la ha llamado el propio presidente autonómico canario en su cuenta de Twitter .
De esta manera, el consejo de gobierno canario ha aprobado este jueves dos decretos que buscan la cobertura legal de la consulta a través de dos decretos que regulan Ley de Fomento de Participación Ciudadana, aprobada en 2010 con los votos de CC y el PP , base para que el ejecutivo actual, ahora formado por CC y el PSOE, convoque este «referéndum» antes del 30 de noviembre.
El PP se ha manifestado contrario a esta consulta, que considera «ilegal» por referirse a un asunto como el de los hidrocarburos, que es de competencia estatal, mientras que algunos juristas dudan del desarrollo excesivo que han dado a la norma , tras haber sido olvidada durante cuatro años y reflotada ahora para poder celebrar esta consulta.
Pese a todo, el Consejo Consultivo de Canarias, cuya opinión no es vinculante, emitió esta semana un informe favorable a la reglamentación desarrollada ahora entre socialistas y regionalistas, algo sobre lo que hizo especial hincapié el portavoz autonómico, Martín Marrero, que destacó la unanimidad de voto en este órgano que depende del parlamento autonómico.
El PSOE, cuando estaba en la oposición, llegó a calificar de «plan Riveretxe» la ley de participación de la que ahora se vale Rivero para ir contra la autorización a Repsol para buscar hidrocarburos en aguas cercanas a Canarias. Sin embargo, hoy ya en el gobierno, han sido tan entusiastas como Rivero a la hora de defenderla.
El texto de la pregunta, que será redactado por el gobierno regional, deberá, probablemente, recurrir a alguna perífrasis que no mencione el fondo petrolero de la consulta, apelando a algunas de las competencias que sí son autonómicas y eludiendo la mención de las que son de índole estatal.
Inscripción voluntaria
Al no contar con el censo electoral, el gobierno canario ha previsto la inscripción previa de los que voluntariamente deseen participar de la consulta —personas físicas o jurídicas— y ha ampliado el rango de edad más allá del que rige en las elecciones, hasta los 16 años.
El decreto que regula las consultas prevé dos fórmulas para la emisión de opiniones, la presencial y la telemática. La opinión emitida por cada ciudadano o entidad jurídica que quiera participar telemática o presencialmente en el proceso será «secreta», garantizan fuentes oficiales, y «existirán herramientas específicas para garantizar que solo se emita una opinión por persona, ya sea física o jurídica».
El decreto que regula de forma genérica las consultas prevé la creación de una comisión de control, integrada por tres funcionarios de carrera y tres representantes de los ciudadanos inscritos en el Registro de Participación, que serán elegidos por sorteo. El ejercicio de estas tareas será en todo caso voluntario . Esta comisión velará por el cumplimiento de la normativa durante el proceso y resolverá las reclamaciones que pudieran presentarse.
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