cuentas públicas
Destapado un agujero de 920 millones de euros en las cuentas del Gobierno aragonés
Un informe de la Intervención General de la Comunidad autónoma alerta de la precaria situación económica y estima que triplicará el déficit máximo que tenía permitido para este año
La Intervención General de la Administración autonómica aragonesa acaba de emitir un demoledor informe en el que destapa la precaria situación económica del Gobierno aragonés y aflora un agujero de 920 millones de euros en las cuentas del presente ejercicio .
Tras los ajustes previstos y la computación técnica de diversos conceptos a efectos del cálculo oficial de déficit, estima que este año el Gobierno aragonés sumará unos números rojos contables no inferiores a los 690 millones de euros . Es decir, un 2,01% del PIB de la región, prácticamente el triple del techo de déficit que tenía permitido Aragón para el presente ejercicio –como para el resto de autonomías–, que era del 0,7%.
El informe de la Intervención General pone en evidencia la irrealidad con la que se diseñaron los presupuestos de la Comunidad autónoma para este 2015 . Supone, en la práctica, un varapalo a las cuentas que dejó planificadas el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi (PP) en la recta final de su mandato, antes de que se celebraran las elecciones autonómicas de mayo que dieron lugar al actual Gobierno presidido por el socialista Javier Lambán, quien fue investido con el respaldo de Podemos, la Chunta e IU.
La elaboración de este informe por parte de la Intervención General de la Administración autonómica es precisamente consecuencia del pacto de investidura alcanzado por el PSOE con Podemos. Uno de los compromisos adquiridos fue realizar este análisis interno de las arcas del Gobierno aragonés.
Ingresos inflados, gastos infradotados
En este informe se pone de manifiesto que, por una parte, la previsión de ingresos estaba inflada – se prevén recaudar 173 millones de euros menos de los que se anotaron en el presupuesto para 2015–; y, por otra parte, las partidas de gastos estaban considerablemente infradotadas , muy por debajo de lo que iban a ser los desembolsos a los que realmente se iba a tener que hacer frente.
Así las cosas, a esos 173 millones de euros que ingresará de menos respecto a lo presupuestado, el Gobierno aragonés tiene que hacer frente este año a 620 millones de euros más de gasto que lo que había indicado en el presupuesto . Solo por estos dos conceptos, el agujero de las cuentas de 2015 ascienden a 793 millones de euros. Pero es que, además, el informe de la Intervención advierte que el Gobierno aragonés tiene que hacer frente a un desembolso de otros 127 millones de euros por otras obligaciones de gasto que no se reflejaron en el presupuesto y que ni siquiera se habían hecho constar en la contabilidad de la Administración autonómica. La suma total del descuadre entre ingresos y gastos asciende por tanto, computando este último concepto, a 920 millones de euros.
Con diversas medidas de ajuste, entre las que se incluye el endeudamiento extra, habrá liquidez para amortiguar parte de ese agujero presupuestario. Luego, a efectos de cálculo del déficit, se aplican diversos criterios técnicos de corrección. De ahí que, al final, el déficit oficial con el que prevé cerrar el año el Gobierno aragonés sea algo menor de esos 920 millones de euros. Se estima que estará, técnicamente, en 690 millones.
Agujero económico en Sanidad y Educación
El informe de la Intervención General es especialmente demoledor al destapar cómo se hicieron los presupuestos para los departamentos de Sanidad y de Educación , consignando gastos que de antemano –apunta dicho informe– se sabía que iban a ser mucho mayores a lo largo del año.
Así, resulta que al presupuesto oficial de la Comunidad autónoma le faltan al menos 86,26 millones de euros para pagar las nóminas del personal sanitario público de Aragón hasta final de año, y otros 62,44 millones para pagar los salarios de los profesores de la enseñanza pública. Faltan también, por ejemplo, 340 millones de euros para pagar compras y servicios de la Sanidad pública, 85,23 millones para poder hacer frente a todo el gasto farmacéutico del año, o 15 millones de euros para compromisos de pago en enseñanza concertada y que van destinados a las nóminas de los docentes de esos centros educativos privados-concertados.
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