Podemos quiere implantar un nuevo impuesto en Aragón contra las viviendas vacías

Podemos ha presentado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón –que ha sido admitida a trámite– para implantar en esta Comunidad autónoma un nuevo impuesto , a pagar por quienes tengan una vivienda que esté vacía «sin causa justificada». Han indicado que lo que buscan es evitar la especulación por parte de quienes, según ha destacado Podemos, son los propietarios de las mayorías de esas viviendas, «los bancos y los 'fondos buitres', y estimular que las pongan a disposición de las bolsas públicas de alquiler» .

En su iniciativa, el partido que lidera en esta región Pablo Echenique, reclama al Ejecutivo autónomo que elabore un registro detallado en el que se recojan, una a una, las viviendas vacías que ya en Aragón . Lo plantea también como paso previo para que esos inmuebles pasen a formar parte de la bolsa pública de viviendas de la Comunidad autónoma, y también para saber quiénes son sus dueños y hacerles pagar el nuevo impuesto por el que aboga Podemos.

El partido de Echenique presiona así al socialista Javier Lambán para avanzar en uno de los apartados del pacto de investidura que ambos partidos firmaron hace tres meses, con el que Lambán se garantizó ser nombrado presidente de Aragón. El PSOE, que luego formó gobierno de coalición con CHA –Podemos prefirió no entrar en el Ejecutivo– depende de la formación de Echenique para mantenerse en el poder, ya que no se encuentra en minoría.

Desde Podemos han indicado que quieren conocer exactamente cuántas viviendas vacías hay en Aragón, que se estiman en más de 100.000, un 13% del total, con la creación de un registro que serviría «como punta de lanza en la lucha contra la especulación». Consideran que la mayoría de esos inmuebles vacíos están en manos de los bancos.

El partido de Echenique sostiene que, si se implantara un impuesto que gravara a las viviendas vacías «sin causa justificada» desde hace dos años, sus dueños se verían inclinados a cederlas a la Administración autonómica para incorporarlas a su fondo de vivienda de alquiler social.