economía
Las empresas públicas de Aragón necesitan 400 millones de euros para evitar la quiebra
Como poco durante el próximo trienio, el Ejecutivo regional tendrá que seguir inyectándoles más de cien millones al año para mantenerlas a flote
La administración paralela tejida por el Gobierno aragonés durante los últimos veinte años seguirá siendo un pesado lastre para el presupuesto de esta Comunidad autónoma y un problema añadido para meter en cintura los números rojos que, año tras año, arrojan las cuentas del Ejecutivo regional. Así queda constatado en documentos oficiales que evidencian la necesidad de inyectar a corto plazo, como mínimo, más de 400 millones de euros para mantener a flote ese entramado de empresas públicas. De lo contrario, incurriría en la quiebra en la que, de hecho, muchas de ellas llevan tiempo instaladas en realidad y encubierta a base de continuos desembolsos de dinero público.
Incapaces de generar negocio suficiente para autoabastecer sus cuentas, estas sociedades necesitan año tras año del auxilio financiero del Gobierno autónomo, a cargo del presupuesto de la Comunidad autónoma. La situación, lejos de remitir, se mantendrá con seguridad durante años. Hasta donde alcanzan las previsiones oficiales, se tiene la certeza de que se tendrán que seguir derivando anualmente más de cien millones de euros de dinero público para sostener estas empresas .
Estas sociedades proliferaron especialmente entre los años 2000 y 2005. En aquel quinquenio nacieron precisamente las empresas públicas aragonesas que más dinero absorben ejercicio tras ejercicio. Al ritmo que se vienen inyectando fondos en este entramado empresarial público, mantenerlo a flote sale por no menos de 1.000 millones de euros cada diez años.
Obligados de antemano
Un reciente informe de la Cámara de Cuentas ha recopilado, caso por caso, la situación financiera de estos entes y los compromisos de auxilio financiero que tiene asumidos el Gobierno aragonés para mantenerlas a flote durante los próximos años. De esa documentación se desprende que, como mínimo, el Gobierno aragonés tendrá que destinar más de 400 millones de euros para evitar la quiebra de estas sociedades hasta el año 2017. Y a partir de ahí, la situación se presume parecida.
Parte de ese dinero ya ha sido desembolsado por el Ejecutivo autónomo entre el año pasado y lo que llevamos del actual. En total, entre 2014 y 2017, solo para sostener las 13 empresas integradas en la Corporación Empresarial Pública de Aragón , el Ejecutivo autónomo tendrá que inyectarles directamente 182,4 millones de euros como mínimo. A eso se le añaden los 45 millones de euros anuales que, de media, tiene que aportar para sostener la radiotelevisión autonómica , además de los compromisos que el Gobierno regional tiene adquiridos para mantener a flote la sociedad Aramón , que agrupa a la práctica totalidad de las estaciones de esquí aragoneses en una empresa pública cuyo accionariado se reparte por igual entre el Gobierno regional e Ibercaja.
La losa de «Alta Velocidad»
La lista no acaba ahí, porque otra de las sociedades en las que participa el Ejecutivo autónomo, Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) , también le supone un coste multimillonario. Y eso que no es el accionista mayoritario de esa sociedad sino un socio más junto al Ayuntamiento y al Estado. En ZAV, el Gobierno aragonés va a tener que desembolsar cantidades cada vez más multimillonarias en los próximos años, como consecuencia del crédito que se tuvo que negociar hace unos años para esa sociedad.
Según la documentación oficial, en 2013 el Ejecutivo regional ya se vio obligado a poner 6,5 millones de euros para hacer frente a la parte que le toca en esa deuda financiera de Zaragoza Alta Velocidad; el año pasado tuvo que pagar otro tanto; durante el presente año esa «factura» se dispara hasta los 12 millones de euros; 10 millones tendrá que aportar el año que viene; 13,75 millones en 2017; 18,75 millones en el año 2018, y 32,5 millones de euros en 2019. En total, el Gobierno aragonés habrá tenido que desembolsar en la empresa pública ZAV 100 millones de euros en siete años, de 2013 a 2019.
Las compañías más costosas
En cuanto a las empresas que son propiedad del Gobierno aragonés como accionista mayoritario o único, tras la radiotelevisión autonómica —absorbe una media de entre 45 y 50 millones de euros al año— las sociedades públicas más costosas son la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza S.A.), la Ciudad del Motor de Aragón (Motorland) y la Plataforma Logística de Huesca (Plhus).
En cuatro años, de 2014 a 2017, el Gobierno aragonés está obligado a inyectar como mínimo 59,8 millones de euros en Motorland , y 63,82 millones para seguir salvando a Plaza S.A. , el gigantesco proyecto público de suelo industrial para la logística que puso en marcha el Ejecutivo autónomo hace década y media. Basada en el negocio inmobiliario-industrial, se dio de bruces con la crisis económica, pero también con una gestión tan sospechosa que ha acabado sumando folios en sumarios por corrupción. Los juzgados siguen con ellos, con varias causas abiertas y larga lista de imputados, entre ellos varios altos cargos y directivos de la etapa en la que el socialista Marcelino Iglesias presidió el Gobierno regional con el apoyo del PAR.
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