Aragón se ha saltado la ley para contratar y gestionar parte de su deuda pública

La Cámara de Cuentas de Aragón ha detectado anomalías en la gestión de la deuda pública del Gobierno autónomo durante los años 2012 y 2013. Así lo refleja en el informe de fiscalización de ambos ejercicios , que acaba de ahcer pública, y que apunta a que el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi se saltó diversos requisitos legales.

Así, apunta que una parte sustancial del Plan Impulso puesto en marcha en 2013 por el Gobierno aragonés se dedicó a cubrir gastos que legalmente no podían haberse abonado por esa vía.

Los fondos de dicho plan se obtuvieron con más deuda pública, y la Cámara de Cuentas recuerda que la ley prohibe usar endeudamiento para gasto corriente . Sin embargo, censura que fue precisamente eso lo que hizo el Gobierno regional que, por ejemplo, dedicó casi 65 millones de euros para pagar las nóminas de empleados públicos de diciembre de aquel año, cuando el plan estaba diseñado para fomentar la economía regional y las ayudas sociales. A pagar sueldos de la Administración se destinó prácticamente la tercera parte de todo el dinero con que se dotó ese Plan Impulso.

Asimismo, la Cámara de Cuentas apunta que en 2012 y 2013 el Gobierno aragonés formalizó varias operaciones de deuda -por un total de 557 millones de euros- sin contar con autorizaciones legales preceptivas . En concreto, la Cámara de Cuentas indica que en el año 2012, de toda la deuda que suscribió el Ejecutivo regional, 404 millones de euros se suscribieron «sin autorización mediante autorización legal». Asimismo, concluye que en el año 2013 «llevó a cabo una operación de refinanciación a largo plazo de varios préstamos que vencían a corto por importe de 153 millones de euros sin disponer de la preceptiva autorización del Consejo de Ministros ».