sector público
La campaña electoral llega a Aragón con 20 millones de euros extra para sus funcionarios
El Gobierno de Rudi acelera los trámites para abonarles antes de las elecciones la paga suprimida en 2012
El Gobierno aragonés está acelerando al máximo los trámites para pagar a sus 40.000 funcionarios 20 millones de euros extra antes de las elecciones. El Ejecutivo de Rudi acaba sumándose así a la mayor parte de gobiernos autonómicos, que han optado por abonar a sus funcionarios una parte de la extra de Navidad que fue suprimida por el Estado en 2012.
Fue una de las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy para contener el gasto en el sector público. El Ejecutivo central la aprobó en julio de 2012. Posteriormente, dejó la puerta abierta a que las autonomías que cumplieran con los objetivos de déficit marcados por el Estado pudieran devolver a los funcionarios aquella extra. Al menos, la parte cuyo cobro ya habían devengado los empleados públicos por el tiempo del año 2012 que había transcurrido hasta que se aprobó la supresión.
Pero se da la circunstancia de que el Ejecutivo aragonés ni en 2013 y en 2014 ha cumplido con ese techo de déficit: en ambos ejercicios, sus números rojos han excedido el tope que le había marcado el Estado. Es decir, técnicamente no ha logrado el requisito que le hubiera habilitado para devolver aquella extra suprimida.
No estaba en los presupuestos
Aun así, el Gobierno de Rudi se ha decidido finalmente a pagar esa parte de la extra a sus 40.000 funcionarios, lo que supondrá un desembolso de 20 millones de euros. Este abono no lo tenía previsto cuando elaboró y aprobó las cuentas de la Comunidad autónoma para este 2015. De hecho, fuentes de la Consejería de Hacienda han reconocido a ABC que en el presupuesto del Gobierno aragonés para el presente año -aprobado hace solo tres meses- no se reservó partida para abonar esos 20 millones de euros.
Esto obliga ahora a buscar con rapidez un mecanismo que, en cuestión de días, permita readaptar el presupuesto y habilitar esa partida de 20 millones. El Gobierno de Rudi quiere hacerlo «a la mayor brevedad posible».
Según ha podido saber ABC, esta semana va a haber una reunión de la cúpula de la Consejería de Hacienda para habilitar de forma urgente la partida presupuestaria necesaria para hacer esos pagos. Lo que pretende el Ejecutivo regional es que se hagan antes de las elecciones del 24 de mayo, así que el calendario le apura. La intención del Gobierno de Rudi es pagar a los funcionarios esa parte de la extra de 2012 con la próxima remesa mensual de nóminas, la de abril, porque la de marzo ya está cerrada.
Déficit y PIB
En un intento por evitar que esto se interprete como una maniobra electoralista, el Ejecutivo aragonés insiste en que esta devolución de la extra de Navidad de 2012 llega ahora porque es cuando la marcha de la economía lo permite. «Lo hemos decidido en cuanto hemos visto que la economía nos lo permitía, cuando se ha confirmado se ha consolidado la senda de crecimiento», afirma el consejero aragonés de Hacienda, Javier Campoy.
Fuentes del Gobierno aragonés reconocen también otra motivación: Rudi no estaba dispuesta a que otras autonomías sí devuelvan esa extra a sus funcionarios y Aragón acabara siendo una excepción por cumplir escrupulosamente con la contención del déficit público. Todo esto, además, en un momento en el que el PP se enfrenta a un complicado escenario electoral, también en Aragón, con el reto de frenar la erosión electoral en los comicios del próximo 24 de mayo.
La versión oficial dada por el Ejecutivo de Rudi es que, pese al exceso de déficit público que el Gobierno regional acumula desde 2013, la economía de Aragón está evolucionando de forma claramente positiva, que eso augura un repunte en los ingresos tributarios y que, al final, da margen presupuestario para abonar ahora la extra suprimida en 2012.
«Vamos a compensar así una parte del esfuerzo que se les pidió a los trabajadores públicos cuando los efectos de la crisis lastraban seriamente las arcas públicas y ponían en peligro la viabilidad del Estado del Bienestar», afirma Campoy. «Si hemos retrasado la decisión hasta ahora ha sido por prudencia y por responsabilidad con el equilibrio de las cuentas públicas», explica.
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