El cura de Épila denuncia por calumnias al diácono que le acusó de acosarle

A falta de una explicación oficial por parte del Arzobispado de Zaragoza o de quien ya es su arzobispo emérito, Manuel Ureña –que siguen sin pronunciarse–, el caso del diácono indemnizado con 105.000 euros tras haber comunicado supuesto acoso sexual por parte del sacerdote al que estaba asignado en Épila (Zaragoza) se enreda por momentos y ha derivado en un cruce de acusaciones entre ambos. De un lado, el joven de 27 años Daniel Peruga, que vio frustrados sus planes de ser ordenado sacerdote; de otro, el párroco de Épila, Miguel Ángel Barco.

Peruga recibió los 105.000 euros del Arzobispado después de que –asegura– comunicara un supuesto acoso sexual continuado del que habría sido víctima. Percibió 60.000 euros libres de impuestos, además de los 45.000 que abonó el Arzobispado abonó al Fisco por los tributos de esa indemnización.

Peruga no presentó denuncia legal alguna por esos supuestos acosos. Se limitó a comunicarlos personalmente al arzobispo Ureña, que resolvió el caso pactando con el joven esa abultada indemnización. Se trata de una ayuda para facilitar su tránsito a la vida seglar, unos pagos que están normalizados en el seno de la Iglesia, pero que según fuentes eclesiásticas consultadas exceden con mucho las cantidades que se suelen abonar en estos casos.

El cura al que el joven apunta con el dedo acusador, por su parte, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil. Lo hizo en la noche de este martes, horas después de que el asunto alcanzara trascendencia pública. El sacerdote, Miguel Ángel Barco, insiste en que jamás hubo tales acosos ni tocamientos por su parte y ha denunciado formalmente a Daniel Peruga por calumnias.

El cura ha ido más allá y ha desvelado detalles sobre una supuesta homosexualidad del ya exdiácono que habría motivado su decisión de informar negativamente la ordenación sacerdotal de este joven. Dice que, ante esos informes negativos, Peruga se reveló con ánimo de venganza y tratando de coaccionar para no ver truncada su carrera sacerdotal.

Mientras tanto, el enredado caso se ha llevado por delante al arzobispo Ureña, forzado por el Vaticano. El pasado día 12, de forma sorpresiva, anunció su renuncia al puesto de arzobispo alegando «motivos de salud». Pero, según han confirmado a ABC fuentes eclesiásticas, en realidad ese anuncio se vio precedido de la reprimenda vaticana por cómo había gestionado el caso del joven diácono, por la elevada indemnización y las sombras que rodeaban su abono. Las mismas fuentes han indicado que el lunes anterior al momento de hacer público que dejaba el puesto de arzobispo, Ureña viajó a Roma para firmar su renuncia ante el Papa.

Otras fuentes han indicado que, además, en todo esto ha concurrido también un factor añadido: las rencillas y tensiones internas que se arrastraban desde hace tiempo entre Ureña y algunos miembros de la cúpula del Arzobispado, críticos con el ya arzobispo emérito. La controvertida indemnización que Ureña decidió personalmente abonar al diácono habría sido, de esta forma, el argumento con el que cuestionar abiertamente al arzobispo ante la Santa Sede. De hecho, fue desde el propio Arzobispado desde donde se comunicó al Vaticano esa controvertida indemnización y desencadenó que se forzara a Ureña a renunciar al puesto.