POLÍTICA
Aragón repartirá el próximo año 1,2 millones de euros entre las víctimas del terrorismo
Más de cien damnificados han pedido acogerse a la ley de subvenciones puesta en marcha por el Gobierno regional
El Gobierno aragonés repartirá el próximo año 1,2 millones de euros en a víctimas del terrorismo. De esta forma se harán efectivas por vez primera las ayudas económicas a damnificados de actos terroristas, seis años después de que esta Comunidad autónoma aprobara una ley específica .
Fue el 17 de junio de 2008 cuando se aprobó la Ley aragonesa de Medidas a favor de Víctimas del Terrorismo. Salió adelante durante la última legislatura del Gobierno PSOE-PAR, pero se mantuvo sin desarrollar durante años.
No fue hasta el pasado junio cuando, ya con el actual Ejecutivo regional del PP, se aprobó el reglamento para desarrollar de forma efectiva las medidas recogidas en aquella ley, entre ellas las ayudas económicas e indemnizaciones a víctimas de actos terroristas ocurridos en Aragón o a aragoneses que sufrieran atentados en cualquier punto de España desde el año 1960 –cuando ETA cometió su primer atentado mortal–.
El próximo mes de marzo finaliza el plazo abierto este año por el Gobierno aragonés para que quienes se consideraran con derecho a acogerse a estas indemnizaciones presentaran su correspondiente solicitud. Hasta el momento, la Administración autonómica ha recibido 106 peticiones, pero la cifra final podría ser más, según los listados de víctimas del terrorismo que maneja el Ejecutivo regional.
En los presupuestos de 2014, el Gobierno de Aragón había reservado una partida de medio millón de euros para la concesión de las primeras ayudas a vítimas, pero los trámites se han alargado y no será hasta 2015 cuando realmente empiecen a hacerse efectivas esas indemnizaciones. Ello ha llevado al Ejecutivo autónomo a recoger de nuevo esa partida, pero ampliada a más del doble, hasta los 1,2 millones de euros.
El pasado junio, cuando aprobó el reglamento de desarrollo de esta ley para damnificados de atentados, el Gobierno autónomo calculó que repartiría casi dos millones y medio de euros en total a víctimas con derecho a acogerse a estas ayudas contempladas por la normativa aragonesa.
