La falta de compradores frena el plan de Rudi para deshacerse de empresas públicas

El Gobierno aragonés no encuentra inversores interesados en quedarse con todas las acciones en empresas de las que la Administración regional quiere deshacerse. Eso está frenando el plan de reducción del entramado público empresarial que decidió poner en marcha la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, cuando accedió al cargo en julio de 2011.

Se ha avanzado, pero con resultados económicos más discretos de los esperados inicialmente. De las 103 empresas en las que el Ejecutivo autónomo era accionista en 2011, se ha pasado a 60. Pero la práctica totalidad de esas compañías de las que se ha descargado eran pequeñas empresas o sociedades en las que el Gobierno aragonés era accionista minoritario.

La Administración autonómica sigue teniendo el grueso de las empresas públicas de las que es dueño, bien como accionista único o como socio mayoritario. Es justo la parte del tejido empresarial que concentra la mayor parte de la deuda y de las pérdidas que arrojan cada año esta red de sociedades mercantiles.

El consejero delegado de la Corporación Pública Empresarial de Aragón, Mario Varea, ha reconocido que se están encontrado con «un muro» en los socios privados para hacer posible las desinversiones que pretende el Gobierno aragonés. Según Varea, es «difícil» encontrar a «alguien inocente» que adquiera estas participaciones, sobre todo en aquellas en las que las acciones del gobierno sólo son del 5 o del 6 por ciento y existe, por ejemplo, un socio mayoritario con el 70 por ciento de ellas.

Además de las acciones de las que sí ha logrado desprenderse en los tres últimos años, el Gobierno aragonés también ha llevado a cabo una reestructuración interna en las empresas que mantiene, con reducciones de costes y de plantilla. Según ha destacado Mario Varea, todo esto ha permitido alcanzar un ahorro acumulado de 15 millones de euros.

Pese a esto, las pérdidas siguen apurando. En 2013, como ya desveló ABC en julio, el entramado empresarial del Gobierno aragonés sumó unas pérdidas de otros 98 millones de euros, de los que 80 le corresponden directamente al Ejecutivo autónomo por la participación que tiene en esas compañías. Unas pérdidas arrojadas, además, pese a la multimillonaria inyección de fondos públicos que año tras año dedica el Gobierno aragonés para mantener a flote las cuentas de esas sociedades.