Ortiz reclama 1,78 millones a Benidorm por apartarle del Plan Armanello
El consistorio ha rescindido su contrato de urbanizador del PAI Armanello, que le fue adjudicado hace catorce años
El empresario Enrique Ortiz ha reclamado al ayuntamiento de Benidorm un total de 1.786.648 euros por la rescisión de su contrato de urbanizador del PAI Armanello, que le fue adjudicado hace catorce años.
En un escrito enviado al ayuntamiento, el representante de la mercantil, Miguel Carratalá, expone que el 1 de octubre recibieron el requerimiento municipal de audiencia en relación al expediente de liquidación contractual del sector Armanello.
Por ese motivo, se remite la carta en la que el constructor expresa su «discrepancia formal y material» con el acuerdo de resolución de la condición de agente urbanizador que aprobó el pleno el 30 de julio de este año.
Además, Ortiz incide en que «sería el ayuntamiento el responsable de los incumplimientos contractuales » y anuncia que interpondrá «el oportuno recurso contencioso administrativo con objeto de que dicho acuerdo sea revisado ante los tribunales".
Tras esa consideración, Ortiz adjunta una relación de los gastos efectuados por la mercantil durante la tramitación del PAI, que cifra en 1,78 millones , por cuestiones como tasas de notaría y registro, honorarios técnicos, gastos de gestión del programa o gastos financieros.
Y ello sin contabilizar «otros conceptos susceptibles de indemnización por daños y perjuicios como el beneficio industrial y el del urbanizador».
Pese a que el sector urbanístico no se ha iniciado en todo este tiempo, Ortiz considera que «no se ha dado ninguna circunstancia que pudiera haber generado daño o perjuicio para el ayuntamiento o terceras personas», precisamente porque «no se ha ejecutado obra alguna ni girado cuota de urbanización».
En relación a la futura gestión del PAI , el constructor reconoce que es potestad municipal decidir si la programación del sector se hace «mediante gestión directa o indirecta», pero al mismo tiempo se ofrece, en su condición de propietario de la mayor parte del suelo, «para conformar una candidatura de gestión mediante este sistema de ejecución privado, adoptar el sistema de indirecta mediante selección pública de urbanizador». Es decir, propone a su empresa para volver a urbanizar el PAI.
El escrito finaliza mostrando su «deseo» de resolver los expedientes «en las mejores condiciones de seguridad jurídica para las partes concurrentes» y afirma que «si se dieran estas condiciones de seguridad» y el desarrollo del sector «fuera factible en términos de solvencia jurídica y económica», estaría dispuesto a no proseguir con las acciones judiciales.
El Plan Armanello fue adjudicado a la empresa Ortiz e Hijos por las mejoras que propuso en su oferta valoradas en 17,5 millones de euros.
Aquellas mejoras trató después de repercutirlas en el resto de propietarios en concepto de cargas de urbanización, lo que generó una batalla jurídica que finalizó con la rescisión de la condición de agente urbanizador, sin que el plan llegara a iniciarse.
