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El exalcalde socialista de Orxeta niega la prevaricación y dice que no ha hecho «nada»
La Fiscalía solicita para Vicente Llinares un año de cárcel y diez de inhabilitación por un delito de prevaricación
El exalcalde de Orxeta elegido por el PSPV-PSOE Vicente Llinares , para quien la fiscalía solicita un año de cárcel y diez de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha asegurado hoy a EFE estar tranquilo ante dicha acusación porque está convencido de que no ha he hecho «nada».
El acusado ha realizado estas declaraciones hoy a las puertas del juzgado de lo Penal 6 de Alicante, donde se iba a celebrar la vista oral que al final ha tenido que suspenderse hasta el próximo 4 de febrero por un problema de salud del abogado de la acusación particular.
La fiscalía sostiene que Llinares permitió la instalación y el desarrollo de la actividad de una fábrica de hormigón en una parcela de la localidad que él mismo había vendido con anterioridad.
Los hechos se remontan a finales de 1999 y la acusación pública también solicita dos años de cárcel y una multa para el empresario implicado, Hilario C.M., por un delito contra la ordenación del territorio .
Según el escrito de acusación provisional de esta parte, al que ha tenido acceso Efe, el administrador de la empresa Hormigones Orxeta SL instaló una planta dedicada a la producción de hormigón y la transformación de áridos y tierra en una finca de la partida de Foieta, en esta localidad de la Marina Baixa.
El terreno era suelo no urbanizable de especial protección de monte y el empresario carecía de licencia alguna para desarrollar la actividad , aunque esperaba obtenerla en un futuro próximo «de acuerdo con el alcalde», explica el fiscal del caso.
De hecho, la mercantil había comprado el terreno al entonces primer edil por 10 millones de pesetas (60.000 euros), de los que le adelantó 2 millones (12.000 euros) y comprometió el resto mediante 24 plazos mensuales.
Llinares denegó la licencia de actividad a la fábrica en diciembre de 1999 e incoó un expediente de disciplina urbanística por obras sin licencia, aunque el fiscal asegura que lo hizo sólo a efectos formales pues no adoptó después medida alguna para restaurar la legalidad urbanística, de forma que «incumplió su deber de garante» de la misma, y consintió por tanto «las obras de construcción y la actividad industrial».
Es más, en julio de 2002, al comprobar que la recalificación de suelo se estaba demorando, el pleno municipal autorizó la actividad de la empresa y la planta siguió funcionando hasta 2007, cuando un juzgado ordenó su paralización.
Llinares ha explicado hoy que está tranquilo porque no ha «hecho nada» y ha «actuado siempre, desde el primer momento, como tenía que hacerlo» en este asunto, al tiempo que ha negado que tuviera «ningún interés» en permitir la actividad ilegal de la mercantil pese al contrato que le vinculaba a ella.
Preguntado acerca de su actividad política, ha contestado que es nula pues está ya jubilado , si bien ha señalado que continúa siendo militante del PSPV-PSOE y ha apuntado que el partido «nunca» le ha exigido que dejara la formación por sus problemas con la Justicia.
