El juez mantiene la imputación a Agustín Navarro y añade a un exedil y una funcionaria
Dos de los responsables de Recursos Humanos tendrán que prestar declaración por los supuestos casos de enchufismo
El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha decidido mantener la imputación al exalcalde de la ciudad socialista Agustín Navarro por el caso de las contrataciones irregulares durante su mandato tras la denuncia formulada en febrero de 2013 por el Sindicato Público de Policía Local y Bomberos (SPPLB) ante la Fiscalía de Alicante.
El juez también ha decidido la imputación del exconcejal del PSPV-PSOE Juan Ramón Martínez , titular de Recursos Humanos y Personal bajo gobierno socialista, y de la jefa de Recursos Humanos municipal, la funcionaria Carmen Navarro .
Según el auto al que ha tenido acceso Efe, a los tres se les imputan tres supuestos delitos continuados «de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales, de tráfico de influencias y de malversación de caudales públicos ».
Los tres imputados deberán prestar declaración en el juzgado el próximo día 20 de noviembre.
Se da la circunstancia de que Juan Ramón Martínez, concejal de Personal con Navarro, acudió a declarar como testigo el pasado 29 de enero y ahora deberá hacerlo en calidad de imputado.
En el auto se recoge que Martínez manifestó en su declaración que «él era el máximo responsable político de los hechos en materia de recursos humanos en la fecha de los hechos, por delegación del alcalde, y que mientras ejercía sus funciones el alcalde nunca intentó influir en sus decisiones, ni en las del departamento para obtener ningún beneficio económico».
Del mismo modo, el juez ha acordado citar como testigos en la misma causa al interventor municipal, al exsecretario del ayuntamiento, a la exconcejala de Hacienda Natalia Guijarro y a la actual concejala Gema Amor , que desde agosto de 2012 hasta febrero de 2015 fue la primera teniente de alcalde tras el pacto de gobierno.
Las penas tipificadas en el Código Penal para los delitos de prevaricación administrativa oscilan entre los nueve y quince años de inhabilitación para cargo público y una multa de tres a ocho meses, así como la suspensión de empleo y cargo por un tiempo de uno a tres años.
Para los delitos de tráfico de influencias, las penas podrían ir desde seis meses a dos años de prisión e inhabilitación de cinco a nueve años, mientras que en malversación de caudales públicos, podría ser de dos a seis años de cárcel e inhabilitación de seis a diez años.
Ésta última pena podría incrementarse de cuatro a ocho años y la inhabilitación de diez a veinte años si el perjuicio causado es superior a 50.000 euros.
Los hechos denunciados y que ahora se investigan tienen que ver con presuntas irregularidades en materia de gastos de Personal y contrataciones de personal laboral y funcionarial desde el año 2010 en el ayuntamiento de Benidorm .
En concreto, el auto cita con respecto a la aprobación de la RPT de aquel año, que había un informe negativo de Intervención relativo a subidas salariales que, según la denuncia, «fue ocultado».
Otros hechos denunciados están relacionados con un incremento de la masa salarial por encima de lo autorizado en la Ley de Presupuestos Generales de 2010, cifrado en 779.215 euros; con la vinculación al PSPV-PSOE de empleados municipales contratados en aquel período o con el hecho de haber sobrepasado la dotación presupuestaria en las contrataciones mediante el acuerdo de colaboración social con el INEM .
Asimismo, se denunciaron otras cuestiones relacionadas con el informe de fiscalización del departamento de Intervención que ponía de manifiesto, entre otros asuntos, que no se había respetado el límite de gastos en Personal, que no se habían respetado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en determinados contratos o que se había evitado la fiscalización previa de las nóminas por parte de Intervención.
