La Junta de Castilla-La Mancha oficializa su recurso contra el Tajo-Segura y anuncia otro

La anunciada ofensiva judicial de la Junta de Castilla-La Mancha para tumbar los trasvases del Tajo al Segura se ha confirmado con la presentación de un recurso ayer contra el envío de 20 hectómetros cúbicos de agua aprobada por el Gobierno central a finales de julio y el anuncio de otro para suspender también el siguiente , de 15 hectómetros. Más aun, el equipo de gobierno del socialista Emiliano García-Page considera ya «caducado» este sistema y pugnará por «replantearlo en su conjunto».

Mientras se tensa al máximo la cuerda en este tira y afloja que ahora se decide en la Audiencia Nacional , el campo alicantino sigue azotado por la sequía más severa de la historia. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en agosto llovió un 62% menos de lo normal en Alicante y un 59% menos en Orihuela -la zona donde se encuentran los regadíos dependientes del Tajo-Segura-, exactamente 2,6 litros por metro cuadrado, lo que mantiene en la incertidumbre a todo el sector agrícola a las puertas del final del año hidrológico.

Ajenos a esta realidad, ayer las declaraciones de los dirigentes autonómicos manchegos abundaron en el argumento de la reserva mínima en los dos pantanos que suministran los trasvases (Entrepeñas y Buendía), nuevamente ignorando las cifras establecidos en el memorando. Así, la consejera de Fomento, Elena de la Cruz , ha argumentado que se tuvo en cuenta el agua embalsada el 1 de julio, cuando había almacenados 470 hectómetros cúbicos, pero en la fecha en que se aprobó el primero de los dos desembalses ya había descendido a 420, con lo que las «pérdidas» que siempre se producen situaba ese caudal por debajo del umbral de los 400. No obstante, el tope es hoy de 304.

Aun reconociendo que en estos niveles hídricos es el Ministerio de Agricultura quien tiene la potestad para determinar si se transfieren recursos entre ambas cuencias, la consejera ha considerado que la decisión «no está motivada» ni es «proporcional», sino «arbitraria», porque en origen las reservas están al 17% de su capacidad, mientras que en el Segura se sitúan en el 50%. Una vez más, obvia que en la demarcación del Tajo se pueden embalsar 11.000 hectómetros cúbicos, con lo que ese 17% ya casi duplica el total que se puede acumular en tierras alicantinas y murcianas con sus pantanos a rebosar.

De la Cruz se ha mostrado confiada en que los recursos contra los dos últimos desembalses «sienten argumentos jurídicos para ayudar a poner el ojo y el punto de mira sobre la situación» que se vive en la región, y que pese a que «el daño ya está hecho» se pueda « replantear el trasvase en su conjunto», es decir, su cierre detinitivo.

Y ha añadido que el trasvase «tal cual está planteado hoy en día, tiene fecha de caducidad después de 36 años funcionando, pero no garantiza agua ni para la región ni para los regadíos de la cuenca receptora». Mientras, la máxima representante del PPCV, Isabel Bonig, se reunirá en breve con el secretario de Estado para que completen los cinco hectómetros restados al último trasvase.