Un candidato del PSOE se reúne en secreto con un constructor imputado

El exalcalde de la localidad alicantina de Pilar de la Horadada y -de nuevo- candidato del PSOE, Ignacio Ramos,se reunió en secreto a principios de la semana pasada con el constructor Santiago Martínez Esparza, imputado en el conocido como Caso Líber, que investiga la existencia de una presunta trama para amañar contratos en varios ayuntamientos y consejerías de la Región de Murcia. El encuentro, en torno a la mesa de un restaurante, se produjo precisamente en la comunidad vecina, y en él participaron también el «número tres» de la candidatura socialista en Pilar, José Tomás Saura, y el hijo del constructor.

El comensal de una mesa contigua, que reconoció a los participantes en el encuentro, tomó una imagen con su teléfono móvil. La prueba del encuentro -que ABC reproduce junto a estas líneas- ha circulado en los últimos días entre los vecinos de Pilar de la Horadada, que incluso inquirieron abiertamente a Saura por la reunión durante la reciente Feria de Sevillanas de la localidad. El «número tres» de la lista de Ramos justificó los hechos en un encuentro fortuito, según las fuentes consultadas por este diario.

Martínez Esparza, además de haberse visto implicado en varias causas contra la corrupción en Murcia -en 2010 fue detenido y luego exculpado por otra investigación, en este caso en el Ayuntamiento murciano de San Javier, vecino de Pilar-, es un viejo conocido del municipio alicantino. Fue el constructor que levantó el centro cultural conocido como «La Paloma», ejecutado en los tiempos en que el socialista Ignacio Ramos gobernaba el Consistorio, y que se quedó inacabado tras un cúmulo de sobrecostes.

Las obras de «La Paloma» comenzaron en 2001, y se presupuestaron en 2,5 millones de euros. Sin embargo, en 2006, el Ayuntamiento paró las obras cuando ya llevaba gastados 4 millones, al dispararse el presupuesto inicial. Hace un año, el actual alcalde, José Fidel Ros (PP), ordenó el desmantelamiento de la parte de la estructura que había quedado sin terminar , para intentar aprovechar las partes del edificio que sí estaban acabadas.

Casualmente, en el mismo pleno que adjudicaba las obras a la empresa de Martínez Esparza, el PSOE aprobó también venderle al constructor unos terrenos en primera línea de playa por 2,3 millones (prácticamente el mismo importe de las obras), por debajo del precio de mercado. De hecho, el TSJ anuló luego la venta, aunque ya no se pudo revertir al haberse revendido el suelo.