caso rabasa
El fiscal pide que uno de los testigos del caso Rabasa declare en calidad de imputado
El juez instructor, Juan Carlos Cerón, quien debe decidir si acepta la solicitud de imputación para José Luis Ortuño
El fiscal de la rama del caso Brugal relativa a las supuestas irregularidades en el plan urbanístico de Rabasa ha pedido hoy al juez instructor, Juan Carlos Cerón, que uno de los testigos llamados por el abogado del gerente de Urbanismo de Alicante, Enrique Sanus, declare en calidad de imputado.
Hoy se abría la ronda de declaraciones por esta causa en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, donde tenían que haber participado dos testigos: el abogado urbanista Rafael Ballester y el jefe de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, José Luis Ortuño, ambos citados por la defensa de Enrique Sanus, imputado en esta causa.
Pero Ortuño no ha llegado a declarar por la petición del fiscal de que lo haga en calidad de imputado, mientras que Ballester ni siquiera se ha presentado ya que finalmente la defensa del gerente de Urbanismo ha renunciado a su intervención, han señalado fuentes judiciales.
Según las mismas fuentes, la decisión del fiscal ha sido apoyada por los abogados del PSPV-PSOE y de Esquerra Unida, José Antonio Díaz y José Luis Romero, respectivamente, pues ambos partidos políticos están personados en la causa.
En este proceso también están imputados la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) y el constructor Enrique Ortiz , entre otros.
Ahora es el juez instructor quien debe decidir si acepta la solicitud de imputación de Ortuño o si, por el contrario, mantiene su condición de testigo en la causa.
No hay un plazo previsto para tomar esta decisión, si bien el letrado de EU ha informado a los medios de comunicación de que el calendario del resto de declaraciones se mantiene conforme estaba previsto.
En este sentido, la primera imputada en comparecer ante Cerón será Castedo el próximo día 16 a partir de las 10.00 horas , mientras que Sanus y la funcionaria de Urbanismo Isabel Campos lo harán el 29, y Enrique Ortiz, el empresario-constructor supuestamente beneficiado, el 30.
A la exalcaldesa de Alicante se le atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por su papel en un plan urbanístico que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados en una zona de expansión de la ciudad, en cuyo entorno está previsto una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea.
Tras un primer archivo hace años, la investigación se reactivó a raíz de una denuncia presentada en 2012 por Esquerra Unida, y a los imputados se les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
La acción popular corre a cargo de los denunciantes, EU-IU, a los que posteriormente se adhirió el PSPV-PSOE.
Además de esta rama, Castedo está imputada en otra pieza separada del Brugal relativa al supuesto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) , que lleva el juzgado de Instrucción número 5 y donde, al igual que en la anterior, la investigación apunta que pudo beneficiar al empresario Ortiz.
