economía
El 7,4% de los hogares alicantinos tendrán dificultades para pagar las facturas, según el PSOE
La formación socialista propone una tarifa social determinada en función de la capacidad económica de los consumidores
El 7,4% de los hogares de la provincia de Alicante, unas 130.000 personas, tendrán problemas para hacer frente al pago de las facturas de luz y gas este invierno, según los cálculos del PSPV-PSOE difundidos este viernes.
Ante esa situación, el diputado nacional por la provincia y vicesecretario del PSPV alicantino, Hérick Campos, ha tachado en un comunicado de «insensibles» a los diputados del PP por Alicante por la negativa de su formación a aprobar en el Congreso la Proposición de Ley socialista de Protección de los Consumidores Vulnerables y Contra la Pobreza Energética.
Campos ha lamentado la «insensibilidad de los populares alicantinos ante una medida que suponía un alivio para más de 130.000 personas en la provincia».
Herick Campos ha denunciado que hay 7 millones de personas en España que «pasarán el invierno con restricciones" en el acceso a la luz, el gas o el propano y "bajo la amenaza del corte del suministro». Ha agregado que «en su mayoría serán pensionistas, desempleados y familias numerosas, y hay que añadir que hay 13.794 familias alicantinas que han perdido en bono social de la luz desde que gobierna el PP».
Por ello, ha calificado de «situación de emergencia» esas cifras y ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista pidió esta semana medidas urgentes con rango de ley «para que no sea una ayuda puntual para un mes, sino un derecho no condicionado a la disponibilidad de poder ayudar de las ONG».
Ha recalcado que la Proposición de Ley pretendía extender la tarifa social «a todos los consumidores vulnerables» de cualquier suministro energético, no sólo electricidad, sino también los demás: gas natural, butano y propano. De este modo, estos consumidores se les aplicará un determinado nivel de potencia o consumo «suficiente para cubrir las necesidades domésticas básicas».
«Proponemos además, una tarifa social determinada en función de la capacidad económica de los consumidores. No queremos que dependa del mercado», ha puntualizado el diputado socialista, a la vez que ha avisado que con el sistema diseñado por el actual Gobierno «si subiese la luz también lo haría la tarifa social y los pensionistas, por ejemplo, perderían poder adquisitivo».
La Proposición de Ley Socialista contempla también que la diferencia entre la tarifa social y lo que cuesta la luz se financie a través de los Presupuestos Generales del Estado.
