Doble poder

La distorsión fatal ha sido suponerle a unas elecciones autonómicas función constituyente. No la tienen. Son elecciones a las cuales la ley otorga muy específicas atribuciones de representación regional. No afectan al gobierno nacional. Aún menos, a la Constitución. Atribuirles potestad para disolver la nación misma, es cosa ya de manicomio. Y en ese manicomio estamos. Debemos preguntarnos ahora cómo hemos podido tolerar este delirio colectivo. Y restablecer la cordura, antes de que la tragedia estalle. Porque la tragedia está en puertas. Y no es cosa de derecho. Lo es de fuerza. Así sucede siempre en todo lo trágico.

En Cataluña existen ya, de hecho, dos Estados. El que a la Constitución ajusta sus reglas y un segundo que, bajo el camuflaje léxico de la «autonomía», ha ido construyéndose, pieza a pieza, duplicando ilegalmente el mapa de la administración legal. La primera interrogación sobre este umbral trágico es insoslayable: ¿quién ha sido el inconsciente que, desde el vértice ejecutivo del Estado, fue tolerando una suplantación que ni siquiera se gestó en el secreto ni el silencio; que vino acompañada, en todo instante, de una retórica bravucona y estridente? A los independentistas catalanes se les podrá acusar de muchas cosas. No, de haber ocultado lo que planificaban: un Estado paralelo, construido con cargo a los contribuyentes españoles, que, llegado el día, pudiera ser «desconectado» sin que la máquina administrativa se colapsase. Hemos pagado, desde toda España, la reduplicación del funcionariado, de las instituciones, los pseudo-ministerios, los servicios de inteligencia, las embajadas... ¿Alguien pensaba que todo eso era una broma? Pues el despertar de la broma viene ahora. Y cuanto más dure la ceguera ante la seca realidad, tanto más altos serán los costes.

Las coyunturas de doble poder no son nunca prolongables: un poder destruye al otro o a la inversa. En Cataluña, los dos Estados que vienen coexistiendo desde, al menos, la boba demencia de aquel Rodríguez Zapatero que promovió el estatuto catalán de 2006, han llegado a su límite de coexistencia hostil. A partir de anoche, uno de ellos debe borrar al otro. La jerga del derecho es aquí sólo una cobertura. Entre dos derechos incompatibles, no hay más que un decisor político: la fuerza. Nadie quiere decirlo, porque es desagradable. Pero todos lo saben. Cada uno buscará el momento más propicio para iniciar el asalto. Y aquel que mida mal sus tiempos quedará machacado. Así de duras son las cosas.

Saldremos todos perdiendo, en todo caso. Y eso es ya inevitable. Lo que está en juego ahora es reducir los costes al menor destrozo posible. Antes de que la Generalidad se proclame Estado independiente Catalán, la Generalidad debe ser disuelta. Todo tiempo perdido se revelará suicida. Salvo que exista –o llegue a existir dentro de tres meses– un presidente español que acepte ser el último presidente de España. No lo creo. Pero, en este desdichado país nuestro, lo peor es siempre posible.