Yo grabo, tú grabas, él graba

Que dos comisarios de Policía se reúnan en un bar para parlotear con el presidente de una Comunidad sobre una supuesta investigación sobre él suena raro, y más siendo el de una plaza tan relevante como Madrid. Pero que esa conversación (en principio privada, pues si fuese oficial tendría que celebrarse en un despacho o en una comisaría) acabe publicada con pelos y señales en la prensa es directamente bananero. Un enredo más propio de alguna satrapía represiva que del estado de derecho de un país puntero del primer mundo, España.

Si se publicó la charla del bar se debe o bien a que alguien la grabó, o a la capacidad omnisciente de nuestro legendario periodismo de investigación. En este país hemos visto exclusivas dignas de la vidente Adelina. Aquí se editan libros con vitola de calidad periodística en los que los autores transcriben sin cortarse citas literales del pensamiento ajeno (como deleite cómico, recomiendo uno sobre el juez Garzón de una veterana periodista). Pero ni los indagadores más entregados a las fantasías animadas osarían a inventarse la charla del bar, luego les han pasado la grabación. ¿Quién la hizo? Pudo ser el camarero, al que le habría picado la curiosidad y dejó un servilletero-grabadora cuando servía los cortados. O el presidente, pero no parece que ande en tales trapazas, y además no le favorecía. O los policías, que son quienes quedan si el camarero es inocente.

El mismo día que se aireaba la charla del bar, otro diario publicaba transcripciones literales de una conversación entre Aguirre y Cospedal. ¿Cómo se logra algo así? ¿Cómo se accede a la literalidad de lo que hablan en privado dos personas? Cada vez que salta un caso de corrupción, sea relevante o una menudencia, afloran grabaciones de los implicados. La sensación que queda es que el Gran Hermano de Orwell ya opera a pleno rendimiento, hurgando en nuestra intimidad, arrollando nuestros derechos con barridos indiscriminados de conversaciones telefónicas, correos y mensajes. Uno de los policías del bar advirtió a González que ojo con el móvil, que ya se sabe, en esta España democrática del siglo XXI todo se graba. ¿Con qué permiso? ¿Con qué objeto? ¿Con qué derecho? No es irrelevante. La privacidad es uno de los derechos humanos. Se trata de un pilar de las sociedades libres, construidas con un esfuerzo titánico durante tres siglos.

El nuevo ministro de Justicia, que está logrando una buena entrada simplemente enmendando las chapucillas de su predecesor Gallardón y de su colega de Interior, ha tenido el buen juicio de parar un proyecto para permitir grabaciones a sospechosos sin permiso judicial. Cierto que Interior alegaba que solo se utilizarían ante amenazas y delitos graves, pero lo cierto es que se podía abrir la puerta a la barra libre, y más en un país donde es de temer que ya existe.

En estos asuntos, que no ocupan ni preocupan al tertulianismo, está en juego la calidad de nuestra democracia, que debe ser mucho más pulcra y exigente. Si se apuesta por la regeneración de la vida pública cabe al menos debatir si supone un acierto volver a quien mantuvo a Granados siete años en su gobierno, incluida la cartera de Justicia e Interior, todo un sarcasmo en un tipo que cobraba comisiones de 900.000 euros por abrir colegios, según ha revelado ABC. Cabe preguntarse, como bien señalaba Gistau en estas páginas, por el papel de Interior en la utilización política de borradores de la UDEF; o qué autoridad moral posee la presidenta andaluza con el fardo de los ERE a cuestas. Luz, limpieza… o seguir dando munición al tele-demagogia de Podemos y su regresiva utopía.