¿Quién da menos?

Tengo para mí que España no será menos corrupta ni desde luego estará mejor gobernada porque el ciudadano sepa lo que gana hasta el último integrante del interminable escalafón administrativo. Es más, en lo que a mí respecta, renunciaría gustosa a conocer el importe de esos sueldos a cambio de que se redujera de manera sustancial la lista en cuestión, porque estoy convencida de que un equipo ajustado de gente competente, experimentada y suficientemente motivada con salarios competitivos resultaría infinitamente más eficaz que esta legión de titulares y asesores cuyos emolumentos, comparados con los que se perciben en niveles similares de responsabilidad trasladados a la empresa privada, resultan ser bastante cicateros. Dicho de otro modo; una vez más hemos equivocado el enfoque y por tanto erramos el tiro, alimentando entre todos ese pecado capital intrínsecamente español llamado envidia, en lugar de ir al fondo del problema que corroe nuestro sistema.

El ejercicio de destape llevado a cabo en nombre de la transparencia sólo ha logrado irritar al respetable, empezando por los protagonistas del striptease desnudados en la plaza pública y terminando por todos los que consideran excesivas las cantidades desveladas, que son mayoría. ¿En qué contribuye esta información a impedir el expolio del erario público perpetrado por hordas de políticos corruptos? En nada. Si de lo que se trata es de abrir puertas y ventanas en aras de evitar chanchullos, son los contratos de las administraciones públicas lo que nos interesa conocer, sus condiciones, a quiénes se adjudican y por qué; los créditos; las subvenciones; los trabajos realizados. Habría que revisar una a una las fundaciones y organismos más o menos opacos que reciben fondos procedentes de nuestros bolsillos, averiguar cuántos amiguetes están enchufados en ellos, discernir a qué dedican sus anhelos. No estaría de más tampoco hacer extensiva la criba a los cónyuges y familiares de los sospechosos, es decir, de los cargos públicos, porque hay formas indirectas de retribuir favores y aquí se conocen y practican todas. Y puestos a desnudar... ¿Dónde fijar el límite? ¿Por qué en el embajador y no en el catedrático, el bombero, el médico, el ujier o el maestro? ¿Acaso no están todos ellos en la nómina del Estado?

Una vez desatado, el apetito que se nutre de este populismo ramplón es tan voraz como insaciable. Incluso en el caso de que se estableciera por decreto un salario máximo equivalente a cuatro o cinco veces el salario mínimo, siguiendo la propuesta soviética de Podemos, muchos lo considerarían injusto. Nunca lloverá a gusto de todos, pese a lo cual ésa ha sido la tónica dominante desde el arranque de la Transición. La democracia española sucumbió desde el principio a la tentación de tirar hacia abajo los sueldos de los políticos, en un intento vano de satisfacer los instintos más bajos, y ha terminado teniendo aquello por lo que paga: una clase política integrada casi exclusivamente por funcionarios, que desconocen lo que es crear un puesto de trabajo o afrontar cada nuevo día sin la certeza de un sueldo garantizado a fin de mes. Una clase política endogámica. Una clase política mediocre, de acuerdo con el viejo dicho que reza: «tanto ganas, tanto vales». Una clase política susceptible de dejarse tentar por regalos o promesas de futuro en forma de puertas giratorias. Una clase política vulnerable.

Puestos a airear las cuentas del Reino en público, yo querría saber si es verdad que Montoro planea «reajustar» la deuda de ciertas comunidades autónomas de manera que, de nuevo, se proceda a enjuagarlo todo y paguemos justos por pecadores. Si quienes han gastado lo que no tenían en consultas ilegales o eres fraudulentos van a ser tratados con mayor benevolencia por su Ministerio que los cumplidores obligados a ejecutar impopulares recortes. Me intersa mucho más conocer sus planes para Cataluña que el importe de su nómina.