La jueza Nuria Orellana ha tardado menos de un mes en aceptar la petición de los Ruiz-Mateos y declarar la suspensión de pagos. :: EFE
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La jueza declara el concurso de acreedores en las bodegas de Nueva Rumasa

La magistrada decide que la gestión y la administración de las empresas quede en manos de la familia Ruiz-Mateos

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Menos de un mes ha tardado la titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Cádiz, Nuria Orellana, en aceptar el concurso voluntario de acreedores que presentó la familia Ruiz-Mateos el pasado 28 de marzo para cinco de sus empresas en el Marco de Jerez.

Así, según ha podido saber este medio, la jueza notificó ayer los autos de declaración de concurso voluntario para las entidades Zoilo Ruiz-Mateos, Unión de Grandes Bodegas, Bodegas Valdivia, Bodegas Teresa Rivero y Complejo Bodeguero Bellavista. Y a tenor de los datos aportados por los propietarios a la titular del juzgado estas empresas acumulan un pasivo de 231 millones de euros, y entre sus principales acreedores figuran Hacienda y Banco Santander, así como la cooperativa sanluqueña Virgen de la Caridad.

En concreto, como consta en los dictámenes a los que ha tenido acceso este medio, los créditos de Zoilo Ruiz-Mateos ascienden a 124,86 millones de euros y los de Complejo Bodeguero Bellavista, a 91 millones, mientras que el resto del importe se reparte entre Unión de Grandes Bodegas (8,39 millones) Bodegas Valdivia (5,78 millones) y Teresa Rivero (1,31 millones).

Todos los autos sobre estas empresas para las que Nueva Rumasa había solicitado la suspensión de pagos, y que están fechados el pasado día 15 de abril, son muy parecidos, salvo que nombran a diferentes administradores concursales y que en el caso de Zoilo Ruiz-Mateos, Complejo Bellavista y la distribuidora se trata de procesos ordinarios, mientras que en el resto son abreviados.

Cabe recordar que la autoridad judicial desestimó la demanda presentada por Nueva Rumasa en la que se solicitaba la declaración conjunta del concurso voluntario, acordándose que se registrasen de forma separada. También ha transcurrido el plazo de cinco días otorgado para que se subsanasen los defectos apreciados.

Pero uno de los aspectos más importantes de la resolución de la jueza de lo mercantil es que su dictamen señala que, atendiendo al carácter voluntario del concurso, «el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones de su patrimonio que hayan de integrarse en el concurso, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención del administrador concursal mediante su autorización o conformidad». Como argumenta, «no hay razones en este momento del procedimiento que justifiquen la suspensión de dichas facultades»

La administración concursal de Zoilo Ruiz-Mateos, Unión de Grandes Bodegas, Bodegas Valdivia de Cádiz, Bodegas Teresa Rivero y Complejo Bodeguero Bellavista tendrá dos administradores concursales, en cada caso, propuestos por el Juzgado. Las distintas administraciones concursales se completarán con un administrador concursal acreedor, que será nombrado tan pronto conste la existencia de acreedores o titulares de créditos ordinarios o con privilegio general no garantizado.

Los administradores

En concreto, para el Complejo Bellavista y la distribuidora nombra como administradores a Adalberto Cañadas Castillo (abogado de Cádiz) y Javier Ramos Torre, economista. Para Zoilo Ruiz-Mateos, como abogado a Jordi Albiol Plans, de Barcelona, y como titulado mercantil a Aurelio Gurrea, de Cádiz. En el caso de Valdivia, designa a la abogada de Cádiz Eva París Marchena, y para Teresa Rivero al economista José María Muñoz Jiménez.

Como ha podido saber este medio, todos los administradores han aceptado ya este cargo, excepto el letrado de Barcelona al que ayer estaban localizando.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal, debe contactarse con todos los acreedores de cada deudor para que en el plazo de un mes (o 15 días en el proceso abreviado, a contar desde la publicación de la declaración de concurso en el BOE -donde se insertará «con la mayor urgencia»-, comuniquen a cada administración concursal la existencia de sus créditos.

En cuanto al análisis caso a caso de los autos, en el concurso voluntario de Complejo Bellavista el juzgado apela al deber de colaboración del deudor y del cumplimiento del requerimiento efectuado previamente al concursado para que complete la descripción de las partidas que componen el inmovilizado material, que han sido incluidas de forma «genérica, utilizando términos contables». Dispone también que amplíe la información relativa al origen de la cuenta corriente con las otras sociedades instantes, que indique la fecha concreta de vencimiento de ciertos créditos, que indique las cuotas impagadas de préstamos a largo plazo con entidades de crédito, que explique con mayor detalle la forma de documentación de los préstamos de terceros, así como que manifieste la titularidad de las marcas utilizadas para los vinos y licores que comercializa como productos de Garvey, y el título por el que las disfruta.

En el caso de Zoilo Ruiz-Mateos, el juzgado dispone que manifieste, entre otras cuestiones, la titularidad de las marcas utilizadas para los vinos y brandies que produce y el título por el que las disfruta. Además, reclama una explicación más detallada de la causa de la dispensa de la obligación de consolidar cuentas con sus sociedades participadas, al ser dependiente de otra sociedad Alinda Finance, domiciliada en Holanda, y si únicamente tiene participación en Bodegas Teresa Rivero o también en otras mercantiles.

En cuanto al concurso voluntario de Unión de Grandes Bodegas, reclama que se amplíe la información relativa al origen de la cuenta corriente con las otras sociedades instantes, indique la fecha concreta de vencimiento de ciertos créditos y detalle las remuneraciones pendientes de pago y mensualidades adeudadas.

A Bodegas Valdivia se le pide que aclare cuestiones similares a las requeridas en el resto de concursos con la particularidad, igual que ocurre en el caso de Bodegas Teresa Rivero, de que en este caso el procedimiento aplicable no será el ordinario, sino el abreviado. Esto supone que el plazo para contactar con los acreedores es de 15 días desde su publicación en el BOE, a diferencia del resto de concursos en los que el plazo establecido es de un mes.