«Estupenda parcela de 1.000 metros cuadrados, con casa de tres dormitorios, dos baños, cocina completa, salón comedor, porche y jardín. Cantarranas. 288.485 euros (casi 48 millones de pesetas)». Anuncios como este se pueden descubrir en los escaparates de algunas de las inmobiliarias que inundan El Puerto. El anuncio no saldría de lo común si no fuera por un pequeño detalle, Cantarranas, como otras muchas zonas del extrarradio de este municipio aún está en terreno no urbanizable, es decir, la casa todavía es ilegal.

Algunas de las agencias de la ciudad cuentan ya entre sus catálogos de venta con esta tipología de viviendas. «Terrenos no vendemos así tal cual. Además, siempre informamos a los clientes que la casa está aún sin urbanizar», explica una de estas agentes cuando nos interesamos por un inmueble en uno de los diseminados irregulares. «No. Con las escrituras no hay problemas. Todas tienen sus papeles en regla», explica ante nuestra sospecha de que la compra pueda traer más de un quebradero de cabeza.

Durante muchos años todo el término municipal de El Puerto, sobre todo por su vertiente oeste y norte, ha experimentado la aparición de multitud de parcelaciones en zonas no urbanizables. Al igual que en otras localidades vecinas como Chiclana, Sanlúcar, Puerto Real e incluso en la sierra, el problema surgió cuando sobre estas parcelaciones, sus propietarios o intermediarios comenzaron a levantar viviendas y a ocuparlas. En la actualidad, El Puerto cuenta con más de cuatro mil de estos inmuebles que se prevé sean legalizados en el nuevo PGOU, ahora en fase de aprobación provisional.

Comisión

Esta misma semana, Izquierda Unida presentaba algunas de las conclusiones que se han obtenido en la comisión de investigación de viviendas ilegales. La comisión, formada por los diferentes grupos políticos municipales, se creó ante el incesante crecimiento de esta «nueva cultura»: La de hacerse casas en terrenos que se van a urbanizar en un futuro, debido a su bajo coste.

Pues bien, el informe de la comisión llama la atención sobre el «fracaso» del denominado 'punto cero' acordado por un Pleno de 2002 a partir del cual se suponía que no podían aparecer nuevas viviendas ilegales. Pero lejos de estancarse este crecimiento irregular, se ha desarrollado aún más. Como indica el documento, las edificaciones en un principio eran de primera residencia y normalmente hechas por los mismos propietarios de la parcela. A partir de los 90, estas viviendas empezaron a ser «ante la permisividad municipal, más grandes y vistosas», y en muchos casos para segunda residencia. Además, y lo que se puede considerar más grave, pasaron de ser de autoconstrucción a ser encargadas a contratistas, a los que se pagaba sin factura y sin proyecto. A partir de 2000, «el fenómeno se descontrola». Incluso, la comisión alerta de la llegada a la ciudad de promotores e inversores. Es entonces, cuando comienza a hablarse de especulación. Pero además, hay que tener en cuenta que a este crecimiento irregular se unen las operaciones urbanísticas legales. Es decir, las constructoras rellenan los espacios que van dejando entre sí estos núcleos por lo que el desarrollo final del espacio termina siendo «excesivo».