El conflicto entre Iberia y sus pilotos elevó este viernes su tensión hasta cotas casi históricas, después de que éstos exigieran a la compañía que les garantice, mediante aval bancario y la «garantía real» de todo su patrimonio, que mantendrán sueldo actual (revalorizado anualmente por encima de la inflación), hasta alcanzar la jubilación a los 65 años. Esa es la condición, en principio «innegociable», que ponen para desconvocar la huelga que desarrollarán la próxima semana en protesta por la creación de una aerolínea de bajo coste (Catair), junto a otros socios. La respuesta de la compañía, aparte de tachar de «locura» esa exigencia, ha sido iniciar los trámites para pedir la «ilegalización» del paro «abusivo» convocado por el sindicato Sepla.

La empresa presidida por Fernando Conte también hizo llegar un mensaje al Gobierno, si bien por cauces extraoficiales. Según fuentes del sector, instó a los Ministerios de Fomento y Trabajo -que durante toda la tarde-noche de hoy y, probablemente también parte del fin de semana iban a dialogar con ambas partes- a que no asuman con los representantes del Sepla «compromisos que no les correspondan, por pertenecer al ámbito de decisión de una empresa privada». Iberia acepta de buen grado la mediación de los dirigentes políticos, pero no quiere verse obligada por terceros a modificar su plan empresarial. Pocas horas antes, el portavoz de los pilotos, Bernardo Obrador, había sugerido que Fomento «podría ofrecer algún tipo de garantía» para que se desconvocara la protesta. Sin embargo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega aclaró que su labor sólo sería de «mediación» al tratarse de un conflicto entre una compañía privada y sus empleados, donde la Administración buscará que los ciudadanos sufran «las menores molestias posibles».

Por ahora, las posibilidades de alcanzar un acuerdo parecen exiguas sobre todo tras conocer la «solución» que ofrecen los pilotos, que incluye cuatro puntos según el texto remitido a la aerolínea. El primero es que se mantengan todos sus puestos de trabajo existentes a día de hoy, de manera que no se vean afectados por expedientes de regulación de empleo (EREs) y que sólo puedan ser despedidos por causas «justificadas» de carácter disciplinario. Pero, además, piden que se les garantice el abono de sus salarios actuales -con una subida del IPC anual más dos puntos-, hasta la edad de 65 años, para lo que exigen el aval de un banco «de primer orden» a favor de cada uno de ellos.

Para el pago de estas nóminas, así como de las indemnizaciones por posibles despidos «justificados», demandan a Iberia que ofrezca «como garantía real todos sus bienes y derechos, activos y pasivos, presentes y futuros, pignorando expresamente a favor» de cada uno de los pilotos, quienes a su vez podrían elegir la parte del patrimonio contra la que ejecutaría las posibles deudas pendientes.