El futuro de la polémica oferta de adquisición (OPA) lanzada por Gas Natural sobre Endesa y paralizada por la justicia desde hace tres meses y medio -previo desembolso de una fianza de 1.000 millones de euros para posibles daños-, puede estar en manos del Tribunal Constitucional (TC). Al menos, esa es la intención que tiene parte del consejo de administración de la compañía, y que ayer fue adelantada por uno de sus abogados. Eso sí, todavía no hay decisión firme, pues la empresa pretende tener seguro que esta nueva iniciativa jurídica no acabará volviéndose en su contra como un boomerang. De hecho, fuentes de la compañía gasista se apresuraron a puntualizar, tras conocer lo anunciado por su equipo jurídico a la juez que tramita varias demandas sobre la OPA, que aún disponen de plazo para recurrir el auto del Supremo que paraliza la operación, al suspender de manera cautelar el acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de febrero que autorizaba con condiciones la oferta de la gasista por la eléctrica.

Dado que la última resolución judicial al respecto (la que rechazaba sus primeros recursos) no les fue notificada hasta el pasado 30 de junio, todavía les quedan dos semanas más para resolver si piden amparo al Constitucional.

Estudio

A la hora de emprender este camino, que también podría secundar el abogado del Estado en nombre del Gobierno, tendrán muy en cuenta el resultado del sondeo que la gasista va a hacer en el propio TC para conocer la posible predisposición de sus magistrados a la admisión a trámite de un recurso de ese tipo. Si ven factible que su iniciativa supere esa primera criba (para lo cual habrán de mostrar, de manera indiciaria, que se ha vulnerado algún derecho fundamental recogido en la Carta Magna), la presentarán con casi toda seguridad a finales de mes. En caso contrario, son varias las voces dentro de la dirección de Gas Natural que preferirían dejar las cosas tal y como están, a la espera de otros acontecimientos. Uno de esos sucesos por venir es la resolución, por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), de la segunda OPA presentada sobre Endesa, esta vez obra del grupo alemán E.ON., cuyo expediente podría resolverse también este mes, si bien en este caso no hay un plazo definido. Un segundo episodio judicial del contencioso Gas Natural-Endesa se vivió ayer en el juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid. Su titular, Miriam Iglesias (la misma que el 21 de marzo suspendió la oferta de Gas Natural), ha fijado para dentro de siete meses la vista oral de la demanda presentada contra los directivos de la eléctrica por supuesto quebranto de su deber de pasividad durante la OPA, según la Ley de Sociedades Anónimas. El juicio será el 21 de febrero de 2007, y para él serán citados como testigos, entre otros, el presidente de la gasista, Salvador Gabarró o el director general de La Caixa, Isidro Fainé.