Comienza la cuenta atrás para conocer el futuro político del alcalde Hernán Díaz. Ayer, el presidente de la Sala Cuarta de la Audiencia Provincial, Rafael del Río, dejaba visto para sentencia el recurso de apelación presentado por el primer edil contra la sentencia que en noviembre lo condenó a siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación. Se le acusa de asignar a dedo un cargo de subinspector de la Policía Local.

A pesar de que fue su defensa la que pidió que se celebrara la vista oral, Hernán Díaz prefirió no acudir ayer a la Sala y dejó el protagonismo para su abogado, Felipe Meléndez y para la parte contraria, Luis Fuentes y su letrado, Antonio Sanjuán. Defensa, acusación y Ministerio Fiscal reforzaron en sus intervenciones ante los tres magistrados sus tesis sobre la actuación de Hernán Díaz cuando en septiembre del año 95 nombró a José Díaz Otero, subinspector de Policía Local, en detrimento del querellante Luis Fuentes quien, en excedencia, había solicitado el puesto.

Absolución

Pues bien, los argumentos aducidos por las partes no ofrecieron muchas novedades a lo mantenido hasta el momento. El abogado de Díaz solicitó la libre absolución de su defendido. Para Meléndez la sentencia del Juzgado de lo Penal incurre en una «falta de justificación» cayendo en la «indefensión» del regidor. «Se ignoran todos los elementos de prueba que contradicen la sentencia». Entre estas pruebas, el letrado destacó la declaración en el juicio de Cecilia Lacave, técnico del área de Personal del Ayuntamiento. Según su testimonio, fue el secretario quien dio la orden de crear la plaza de subinspector por carácter de urgencia y no el alcalde. «No se puede entonces hablar de la arbitrariedad del acusado, cuando fue el secretario quien dio la orden», explicó el abogado de Díaz.

Sentencia «ignorada»

Además, Meléndez volvió a insistir en que la sentencia ignoraba el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dictó que el nombramiento «se ajustaba a derecho». Según ésta, Fuentes no tenía la cualificación para optar al puesto, algo rotundamente negado por la acusación. Por último, la defensa resaltó que ni el Pleno que aprobó por unanimidad la plaza en el 95, ni el decreto de su creación, o la comisión de gobierno advirtieron al regidor de que estaba cometiendo una ilegalidad.

Por su parte, el abogado de Luis Fuentes, manifestó que Hernán Díaz nombró a Díaz Otero subinspector «por un deseo íntimo», y que el carácter de urgencia que esgrimió en el juicio oral el mandatario, «únicamente respondió al capricho del alcalde».

Para Sanjuán, el regidor actuó de «una forma premeditada» ya que en un escrito fechado el 10 de agosto de 1995, recomendaba al Gobernador Civil que diera la plaza a Díaz Otero. «No se trata de un funcionario público más, sino de un alcalde que ha defraudado los intereses generales para los que fue elegido», afirmó en su exposición el letrado de la acusación.

Además, Sanjuán aseguró que la plaza se convocó «a dedo y a escondidas» ya que, según su versión, Fuentes (quien había solicitado el puesto igualmente) no conoció el nombramiento «hasta semanas después».

La Fiscalía insistió en su tesis de que Hernán Díaz «persistió» en la irregularidad una vez que fue apercibido «hasta en tres ocasiones» por el delegado del Gobierno. Además, la fiscal mantuvo que el alcalde tuvo «constancia» de la intención de Luis Fuentes de volver a su puesto. Así se demuestra, según expuso, en los escritos que el agente remitió al primer edil en el 93 y 94. De hecho, la fiscal aseguró que estas cartas fueron rubricadas por el alcalde.