El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que no contó con los apoyos de ERC e IU -aliados parlamentarios del PSOE, y que ayer se abstuvieron-, ni tampoco del PP -el único partido que votó en contra-, formaciones que justificaron su postura en la negativa del Gobierno a aceptar una sola de sus enmiendas. El texto pasará ahora al Senado, donde a mediados de septiembre iniciará la última fase de su tramitación parlamentaria.

Uno de los puntos más polémicos de la futura ley es la apertura de un «diálogo» con todos los colectivos profesionales de la Agencia Tributaria, de cara a analizar sus posibilidades de promoción profesional respecto a la dificultad de las tareas asignadas, la preparación técnica que se exige y la responsabilidad inherente a cada puesto. Los subinspectores de Hacienda ven esta iniciativa «totalmente insuficiente».

Sin oposición

Los inspectores, por su parte, se oponían a esta medida al considerar que resultaba «discriminatoria» (ellos tuvieron que pasar una oposición exigente para acceder a su categoría) y, además, al hacerse de forma generalizada no ofrecía garantías de que los profesionales beneficiados tuvieran la preparación suficiente. Al final, los políticos prefirieron una solución más cercana a la tesis de los segundos, ante la cual los técnicos de Hacienda -medio millar de ellos protestó ayer ante las puertas del Congreso contra los planes del Gobierno- mantienen su convocatoria de huelga para mediados de julio.

Fuera de este conflicto interno en la Agencia, al cual no se ve solución a corto plazo, el proyecto de ley supone un nuevo ejemplo de la buena sintonía que reina entre PSOE y CiU tras su acuerdo en el estatuto de autonomía catalán. Así, los nacionalistas catalanes fueron casi los únicos que consiguieron introducir cambios en el texto inicial como la reducción del 3% al 1% en el porcentaje de retención que Hacienda aplicará en las facturas que emiten a otros profesionales los autónomos que tributan por el sistema de módulos.

También se rebajarán, esta vez en un 25%, los recargos que pagan los contribuyentes por presentar su declaración fuera de plazo, con el fin de animarles a que regularicen su situación fiscal. Otra de las enmiendas suavizará la principal medida del proyecto. Así, la extensión a las empresas de la responsabilidad económica de los delitos cometidos por las tramas que defraudan con el IVA sólo se aplicará si se detecta un caso claro de connivencia.