En el cortijo donde vivía el grupo de rumanos presuntamente explotados todavía residen varias familias de esta misma nacionalidad que no trabajaban en esta explotación agrícola de la finca La Pinaleta y que, según su testimonio, están empleados con todos los permisos en regla. Lo mismo aseguran de sus compatriotas, que al parecer dejaron la ciudad y volvieron a su país la pasada semana, una vez terminado el trabajo para el que habían sido contratados. Es más, niegan que haya habido detención alguna, y sólo tuvieron una visita de la Policía Nacional para comprobar que sus papeles estaban en regla.