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Martes, 27 de junio de 2006
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ESPAÑA
corrupción en marbella
La segunda fase de la 'Operación Malaya' se salda con 30 detenidos
La tercera parte de los arrestados son ex concejales del ayuntamiento marbellí, mientras el resto son constructores y promotores
La segunda fase de la 'Operación Malaya' se salda con 30 detenidos
Foto de archivo del empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez. / EFE
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Agentes de la Dirección General de La Policía han detenido hoy a 30 personas en seis provincias de España dentro de una nueva fase de la 'Operación Malaya', entre las que hay trece ex concejales del Ayuntamiento de Marbella (12 del GIL y una edil del Partido Andalucista), mientras el resto de los procesados son constructores o promotores.
Todos ellos están implicados en delitos de cohecho y prevaricación, y la Policía no descarta más detenciones. Además, han apuntado que se ha intervenido propiedades, así como importantes cantidades de dinero, en esta nueva operación coordinada como la primera por el juez de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, con el fiscal Anticorrupción de Málaga.
Esta segunda fase de la 'Operación Malaya' contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella ha sido posible tras el estudio de la documentación y las cuentas intervenidas en la primera fase. También ha podido llevarse a cabo al descifrar algunos de los ordenadores incautados que contenían importante información. Mientras que la primera fase de la operación Malaya, en la que se detuvo a 28 personas, se desencadenó a raíz de escuchas telefónicas autorizadas por orden judicial, en la que comenzó hoy ha sido fundamental el estudio de la documentación hallada en los registros de dependencias municipales de Marbella y otros inmuebles.
Relación de detenidos
Los tres últimos detenidos son Vicente Manciles, detenido en Marbella; María Belén Carmona, detenida en Algeciras; y Pedro Tomás Reñones, detenido en Málaga, todos ellos antiguos miembros del partido que fundó Jesús Gil y Gil. Con anterioridad, la Policía detuvo a 27 personas en la segunda fase de la denominada operación 'Malaya', contra la corrupción inmobiliaria en la Costa del Sol y en especial en el Ayuntamiento marbellí. En esta operación policial, que aún continúa abierta y se ha desarrollado en las provincias de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Pamplona, han sido detenidos 13 ex concejales y otras personas relacionadas con el Ayuntamiento; así como constructores y promotores de importantes empresas andaluzas como Arenal 2000, Avilas Rojas, Aifos y Peñarroya. Han intervenido más de 300 agentes.
Los ex concejales detenidos son María del Carmen Revilla F., Antonio Luque, María José Lanzat P., Rafael González Carrasco, Francisco Javier Lendínez B., José Luis Fernández Garrosa, Rafael Calleja, Emilio Jorrín G., Miguel Jiménez G., José Antonio Jaén P. Además, relacionados con la corporación municipal fueron arrestados Rafael del Pozo, ex jefe de la Policía Local ya imputado por los delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias y tenencia ilícita de armas. Asimismo, se arrestó a Salvador G.A., ya detenido también en la primera fase de la operación como presunto testaferro del ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca; Sergio S.D., detenido en Pamplona; y Leopoldo Barrantes, el ex secretario municipal que también fue detenido anteriormente y que quedó en libertad sin fianza pero con cargos de prevaricación y tráfico de influencias.
En lo que se refiere a promotores y constructores, se encuentran Francisco G.L., detenido en Málaga; Francisco A.N., en Estepona; José Avilas Rojas, detenido en Granada; Tomás Olivo L., detenido en Marbella; Rafael Gómez Sánchez, responsable de Arenal 2000 y detenido ayer en Córdoba; Emilio Miguel R.B., Gonzalo F.E., Fidel S.R., Carmel A.R. y Enrique V.T., detenidos en Madrid; Cristóbal P.S., en Málaga; y Ignacio G.S. y Manuel Ignacio G.S., en Sevilla. Estas detenciones se producen a raíz del análisis de la documentación incautada, principalmente al asesor del Ayuntamiento y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, en la primera fase de la operación, desarrollada a finales de marzo, en la que se realizaron numerosos registros en Marbella, Murcia y Madrid y se incautaron bienes muebles e inmuebles que superaban los 2.400 millones de euros.
Una investigación que se dilata en el tiempo
En total, 28 personas fueron detenidas inicialmente en el marco de la operación desarrollada también bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación comenzó en noviembre de 2005 y desde entonces estuvo orientada a descubrir un complejo entramado societario que encubre numerosas actividades delictivas, relacionadas con el urbanismo.
Actualmente están en la cárcel la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el asesor municipal de Urbanismo y presunto 'cerebro' de la trama, Juan Antonio Roca; el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez; los empresarios Ismael Pérez Peña y Oscar Benavente Pérez; la presunta testaferro Montserrat Corulla, y cuatro abogados del despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano, en Madrid. Para todos estos se ha desestimado por el momento la petición de libertad.
Por su parte, para el empresario Rafael LL. se decretó prisión pero quedó en libertad hace unas semanas tras pagar fianza. Asimismo, el edil de Cultura del Ayuntamiento marbellí, José Jaén, quedó desde el principio en libertad tras abonar la fianza de 30.000 euros que le impuso el juez; al igual que los empresarios José Luis Alonso Boyer y Julio de Marco, que pagaron las fianzas fijadas de 20.000 y 12.000 euros, respectivamente. Además, se fijó el pago de 90.000 euros para que el letrado Francisco S.Z. saliera en libertad, de 30.000 euros para el también abogado Miguel P.C. y de 20.000 para el jefe de la Policía Local marbellí, Rafael del Pozo.
Asimismo, el juez decretó libertad sin fianza pero con cargos de cohecho y tráfico de influencias contra el empresario Juan Miguel Saavedra y también decidió poner en libertad, aunque con cargos de prevaricación y tráfico de influencias, al secretario municipal del Consistorio marbellí, Leopoldo Barrantes. De igual modo, el juez Torres puso en libertad, aunque con cargos de blanqueo, a los presuntos testaferros Jaime Hachuel, José Luis Benavente Pérez, Salvador Gardoqui, María Ursula Q.L., Ernesto Ramón Celdrán, a J.B.B.G., presunto testaferro de Roca; y a dos directivos de Portillo.



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