La coordinadora de Cádiz de la Asociación por la Defensa de Propietarios de Vivienda Protegida de Andalucía continúa pidiendo a la Administración que cumpla con su palabra de suavizar la ley VPO. Para ello ha organizado una caravana de coches, que tendrá lugar el próximo jueves.

Los vehículos de los participantes, engalanados con pancartas y globos amarillos, recorrerán la ciudad de Jerez en clave informativa y reivindicativa. La asociación quiere trasladar a la opinión pública que hoy por hoy la Junta de Andalucía no ha cumplido con su promesa y que en la actualidad, el borrador de reglamento es más restrictivo que la propia ley.

La Administración autonómica «lleva meses insistiendo que habían reconocido su error con la ley VPO y que la iban a arreglar mediante la promulgación de un reglamento, que se aprobaría este verano», explica este colectivo en un comunicado. Así lo manifestó el responsable de Medio Ambiente y Vivienda de la Diputación de Huelva, Manuel Jesús Domínguez Limón, quien de esta manera intentó explicar el voto negativo del grupo socialista a una moción contra la ley que el PP presentó en la capital onubense, el pasado 28 de abril.

Devolver ayudas

Este colectivo sostiene que la Junta de Andalucía «no ha cumplido con su palabra y el borrador que el director general de Arquitectura y Vivienda, José Mellado Benavente, presentó hace varias semanas no recoge la principal reivindicación de los asociados, que es poder devolver las ayudas recibidas más sus intereses legales para salir del sistema de protección pública, como solía ser posible».

Por ese motivo, la asociación andaluza de propietarios de VPO continúa movilizándose e informando a los ciudadanos. La caravana informativa que recorrerá las calles jerezanas se simultaneará con las que se celebren en Huelva, Sevilla, Málaga y Almería. En la provincia de Cádiz ya se hizo una caravana anterior a principios de abril, en aquella ocasión participaron 30 coches, que recorrieron El Puerto.

Los participantes repartirán 4.000 octavillas para concienciar a los andaluces de los efectos negativos de la ley, que afecta a decenas de miles de viviendas de Cádiz. Mediante la nueva normativa, «la Junta tiende una trampa a los propietarios de vivienda protegida para hacerse con una parque de viviendas a precio de hace diez años».