Se puede entender que el juez Grande-Marlaska, a punto de dejar su despacho en la Audiencia Nacional porque regresa Garzón, persiga implacablemente a Otegui, hasta más allá de lo que parece razonable, pero es difícil aceptar la iniciativa de encarcelar al mismo tiempo a dos empresarios navarros por el hecho de haber pagado a ETA el impuesto revolucionario, una acción probablemente delictiva que sin embargo está atenuada por el estado de necesidad y hasta por la eximente del miedo insuperable, según una ya muy dilatada jurisprudencia. Es difícil, en fin, no sospechar que a Grande-Marlaska, jaleada estrella mediática, se le ha subido al protagonismo a la cabeza, con lo que ello tiene de frecuente desorientación. Sería terrible tener que soportar en este juez la evolución que ya experimentó Garzón.