El Gobierno trabaja con la hipótesis de devolver a la legalidad a Batasuna antes del próximo otoño a través del registro de un nuevo partido al que, esta vez, el ministerio de Interior dará su visto bueno, según fuentes gubernamentales. Así, se baraja que simpatizantes de la izquierda abertzale acudan al Registro de Partidos Políticos «en agosto o septiembre» y presenten las actas fundacionales y los estatutos de una nueva organización que, a priori, cumpliría los requisitos plasmados en la vigente Ley.

De esta forma, el ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba podría dejar pasar el plazo de 20 días previsto para convertir en legal a un partido, sin tener que dar cuenta a la Fiscalía por posibles «indicios racionales en relación con la ilicitud penal del partido» o, concretamente en este supuesto, por hipotética «continuidad o sucesión» de un partido ya disuelto. Según las fuentes gubernamentales consultadas, el camino para salvar esa ilegalización sería la presentación de una nueva marca y estatutos de funcionamiento cuyos contenidos respetarían el marco democrático.

Prevaricación

Según la Ley de Partidos, los promotores de un partido político deben ser personas físicas, mayores de edad, que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos; no estén sujetos a ninguna condición legal para el ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal, aunque esta última causa no afectaría a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados. La Ley se cierra con una disposición final en la que se faculta al Gobierno para dictar «cuantas disposiciones sean necesarias» para la aplicación y desarrollo de la norma, «especialmente en lo que se refiere al acta fundacional y la documentación complementaria.

Sobre la posibilidad de que se dé vía libre a la legalización de Batasuna, fuentes populares resaltan que el Gobierno debe optar por respetar la Ley de Partidos o atreverse a derogarla y advierten de que la sentencia del Supremo y la Ley de Partidos impiden que pueda ser registrado un nuevo partido si existen indicios de vinculación con organización ya ilegalizada. En cualquier caso, los populares recuerdan que malinterpretar una Ley «a sabiendas» para permitir un acto ilegal es «prevaricación» y resaltan que existe un procedimiento penal contra Batasuna.