Leyendo el último comunicado de ETA se llega a sospechar que la banda terrorista se ha vuelto tonta, dicho sea sin considerar cancelados los otros calificativos que la vienen singularizando desde su fundación como autora de cerca de mil asesinatos. En sólo tres folios, espacio exiguo dada la farragosidad habitual de quienes redactan los comunicados etarras, la banda le pide al presidente del Gobierno que se rinda sin condiciones para la solución del conflicto. Y aquí hay un error, porque si ETA dice que existe un conflicto en Euskadi, el Gobierno sostiene que en Euskadi sólo existe un problema, el que ETA representa, obviamente.

Esa sensación de que ETA se está volviendo tonta no nace de que haya repetido lo que tantas veces ha expresado, es decir, la exigencia del derecho de autodeterminación sin que se vea obstaculizado por «ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución», según precisa esta vez; la argumentada bobería (supuesta) de la banda se desprende del momento en que reivindica sus exigencias máximas, cuando sabe que el Gobierno no va hablar con ella de política y que la autodeterminación, como se ha cansado de recordar Zapatero, está fuera de nuestro marco legal. Y ETA sigue asegurando que «se reafirma en su decisión de alto el fuego permanente». Pero...

...pero esa tregua, por muy permanente que sea, está condicionada nada menos que a «la actitud que mantenga el Gobierno español ante el proceso abierto en Euskal Herria» o, dicho de otra manera, la permanencia del alto el fuego es puramente circunstancial. Y como ETA no sólo habla de diálogo sino también de negociación, añade que durante ese proceso las autoridades españolas deben cumplir sus compromisos de «alto el fuego» -pero ¿de qué compromisos se trata?- garantizando el cese total de la represión, los ataques contra el colectivo de presos políticos vascos... y la presión, chantaje y extorsión contra la actividades políticas de la izquierda independentista. Pide, en fin, la banda que jueces y policías encargados de la lucha antiterroristas se tomen vacaciones indefinidas, como el Estado de Derecho.

Ha tenido el Gobierno la sensatez de no responder a este comunicado, y sólo el ministro de Interior dijo lacónica y rotundamente que ETA, además de dejar las armas, debe perder «toda esperanza de conseguir sus objetivos». Añadió que nunca habrá precio político por la paz y que todos se tienen que atener escrupulosamente al Estado de Derecho. Lo sabía ya ETA, sin necesidad de memorizarlo, por lo que carece de sentido, cuando ha sido ella la que habría indicado inicialmente su deseo de renunciar a la violencia, que vuelva a exponer los objetivos políticos que le servían de coartada moral/inmoral para seguir asesinando.

Franscisco Llera, director del Euskobarómetro y buen conocedor desde la universidad vasca del problema terrorista, dijo que ETA ha aprovechado una oportunidad de hacerse propaganda a sí misma, en un intento de intimidar, y ha buscado también «la división entre los demócratas en España». Y eso lo está haciendo bien, pues los demócratas están divididos, aunque en estas circunstancias de duros enfrentamientos partidistas la división no necesita la menor ayuda de ETA. Rodríguez Zapatero y Rajoy hablan idiomas diferentes sobre la complejidad del terrorismo etarra. Ayer, el líder popular atacó desde su Galicia natal al Gobierno incluso con sarcasmos, mientras el presidente guardaba un oportuno silencio.