El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer, por mayoría simple, luz verde al proyecto de ley de reforma de los impuestos de la renta (IRPF) y de sociedades, que debido a la rebaja de tipos y el aumento de determinadas exenciones conllevará un coste de 9.250 millones para las arcas del Estado, distribuidos en los dos próximos años. Los últimos cambios introducidos en el texto permitieron al Gobierno granjearse el apoyo de casi todas las formaciones nacionalistas salvo ERC, que al ver rechazadas muchas de sus demandas votó en contra, junto a IU y PP.

Socialistas y nacionalistas catalanes cerraron el pasado 8 de junio un pacto sobre la reforma fiscal, que se tradujo en el texto ratificado ayer por la Cámara Baja y que pasará ahora al Senado (donde, debido a las vacaciones estivales, su tramitación parlamentaria no se retomará hasta mediados de septiembre). De él quedaron fuera algunas reivindicaciones de CiU, como la mejora del trato fiscal de las microempresas (aquellas con menos de 10 empleados) y de los llamados inversores de proximidad (claves para financiar a las pymes), o la «territorialización» de las aportaciones vía IRPF a fines sociales (0,52% del impuesto).

Reinversión

En contrapartida, el Gobierno sí aceptó 40 propuestas de su nuevo aliado político preferente, si bien no todas de la misma importancia. Las más destacadas fueron, para las empresas, la reducción a dos años del plazo de entrada en vigor del recorte de cinco puntos previsto para el tipo general del impuesto y el de las pymes, así como el mantenimiento -aunque con retoques-, de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios (que deberá vincularse a la actividad económica propia) y por actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), que continuará, en principio, hasta 2011.

En el caso de las personas físicas, el pacto entre ambas formaciones eleva el mínimo exento por hijo menor de tres años y aumenta el límite deducible por aportaciones a planes de pensiones. También se acordó declarar exentas la rentas en especie que ofrecen las empresas a sus trabajadores en vales de guardería o documentos similares. Esta última ventaja fiscal ya existió años atrás, pero dejó de aplicarse el 1 de enero de 1999 con la entrada en vigor de una única deducción, el mínimo personal o familiar, con el que se pretendía simplificar el impuesto y en el que también se englobó en su día la deducción por gastos sanitarios.