Las policías española y francesa han desarticulado el aparato de extorsión de ETA. En la operación conjunta, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y la magistrada gala Laurence Le Vert, fueron detenidas 12 personas. Entre los arrestados durante la madrugada del lunes al martes figura el responsable de la red, Ángel Iturbe, y uno de los fundadores de ETA, Julen Madariaga. Se trata del mayor golpe asestado a la organización terrorista desde que declaró el alto el fuego permanente, el pasado 22 de marzo.

El operativo policial tenía día y hora desde hace una semana. El momento fue decidido por los jueces e informaron a sus respectivos gobiernos. Todo se desató en la madrugada de este martes y culminó una investigación iniciada hace ocho años a raíz del sumario abierto en la Audiencia Nacional en 1998, aunque se intensificó a partir de febrero de este año con la creación de un equipo conjunto hispano-francés que encontró nuevas pistas de las prácticas extorsivas de ETA.

Fuentes de la lucha antiterrorista explicaron que el objetivo era desmantelar el grupo GEZI, una sección de la parte financiera de ETA, encargado de la gestión del impuesto revolucionario. En Francia fueron capturados Ángel Iturbe Abásolo, hermano del ex número uno de ETA, el fallecido Txomin Iturbe; el histórico de la organización terrorista Eloy Uriarte, señor Robles, antiguo tesorero y señalado por numerosos empresarios como responsable de la red de extorsión y que estaba en paradero desconocido; José Luis Cau Aldanur; Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA y en la actualidad militante de Aralar; María Cristina Larrañaga; María Izaskun Gantxegui; y José Ramón Badiola.

En España, fueron detenidos Joseba Imanol Elosúa y su yerno Carmelo Luquin, ambos en la localidad alicantina de Santa Pola; José Ramón Sagarzazu e Ignacio Aristizábal en el pueblo guipuzcoano de Oiartzun; y el francés Jean Pierre Harocarene en el municipio fronterizo de Irún.

Los detenidos son veteranos militantes con edades comprendidas entre 48 y 74 años. Algunos estaban jubilados y todos llevaban una vida aparentemente normal en sus respectivas localidades.

El cabecilla

Al frente de la red se encontraba Ángel Iturbe, quien coordinaba y canalizaba las peticiones de dinero a los empresarios españoles. La trama operaba desde el sur de Francia aunque tenía tentáculos en España. Se apoyaba en la labor Cau Aldanur, Cristina Larrañaga, Eloy Uriarte, Ramón Sagarzazu y José Ramón Badiola. Los que operaban en España se encargaban, según el Ministerio del Interior, de labores de «intermediación» de la red.

Entre sus funciones figuraba la de contactar con los empresarios, activar la negociación para el pago de la extorsión, fijar plazos y vías de pago, entregar recibos, distribuir y poner en circulación las cartas de extorsión y, en algunos casos, recibir el dinero y actuar como enlaces con la cabeza de la red. Estas actuaciones recaían en Elosúa, Luquin y Harocarene.

Además, se responsabilizaban de la inversión de los beneficios obtenidos con la extorsión y hacer desaparecer el capital «de los circuitos financieros regulares fiscalizables en España» trasladándolo a «paraísos fiscales». Fuentes de la lucha antiterrorista relacionaron la presencia de dos de los detenidos en Santa Pola con presuntas inversiones de ETA en bienes inmobiliarios en la costa alicantina.

La operación continúa abierta. La policía ha practicado 14 registros en distintos puntos de Guipúzcoa, dos más en Alicante, y otros seis en Francia. También ha procedido al embargo de bienes patrimoniales con un valor superior a 700 mil euros. Entre ellos, figura un restaurante regentado por Elosúa -en el que la policía se incautó de 40.000 euros en billetes-, y otros bienes que se supone fueron adquiridos con dinero procedente del pago del denominado impuesto revolucionario. También han sido bloqueados los saldos de más de medio centenar de cuentas bancarias en entidades financieras españolas y galas, cuyo origen es investigado.

El ministro del Interior explicó en una breve comparecencia en el Congreso que se investiga si el grupo desmantelado está vinculado al supuesto envío de cartas a empresarios con exigencias de pago del impuesto revolucionarios tras el alto el fuego, aunque dio a entender que no. Fuentes de la lucha antiterrorista confirmaron que no se investiga la relación entre los detenidos y «la supuesta remisión de cartas en las últimas semanas».

Cumplir las reglas

Rubalcaba, quien informó a primera hora de ayer al PP de la operación, dijo que las detenciones demuestran que «el Estado de Derecho funciona así, esas son las reglas». Evitó valorar la presencia de Madariaga, cuyas declaraciones son muy críticas con ETA, entre los capturados. «Entre mis misiones -dijo- no está sorprenderme o dejar de sorprenderme por estas cuestiones».

Fuentes de la lucha antiterrorista informaron además que en la causa judicial que dio pie a la investigación figura el ex parlamentario de Batasuna Jon Salaberria, huido a Francia y considerado uno de los posibles negociadores de ETA en el proceso de paz.