Los caza oposiciones tienen nuevos motivos para renovar su esperanza y su tesón. El Consejo de Gobierno aprobó ayer la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Junta para 2006, con un total de 4.261 plazas -2.208 de acceso libre y 2.053 de promoción interna-. El Ejecutivo autonómico persigue hacer descender el número de interinos, conseguir hasta ahora algo inexistente en la Junta como ofertar empleo público todos los años y consolidar el empleo estable en la administración andaluza. Así al menos lo expresó María José López, consejera de Justicia y Administración Pública. Otra de las novedades de esta nueva convocatoria es que se aplica por primera vez la reserva del uno por ciento de los puestos para su cobertura por aspirantes con discapacidad intelectual originada por retraso mental leve o moderado. Asimismo, añadió las 213 plazas reservadas para las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, es decir, el cinco por ciento fijado.

Nuevas tecnologías

La titular de Justicia y Administración pública quiso resaltar, asimismo, que los trámites se podrán realizar de forma telemática. Esto significa que un aspirante podrá rellenar su solicitud sin papeles y sin esperar su turno. Un logro que María José López atribuyó también a la negociación con las organizaciones sindicales.

Con la oferta de empleo público para el presente año, la consejera cree que se concluye un proceso iniciado en 2003 y el impulso para la reordenación de las plantillas de la Junta con más de 10.000 plazas en este periodo. Por otra parte, la Junta de Andalucía invertirá 56,78 millones de euros hasta 2010 en proyectos para mejorar la atención al ciudadano, impulsar el uso de las nuevas tecnologías y simplificar trámites en la administración autonómica.

Así se recoge en la denominada Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos de la Junta, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno. Este documento, elaborado por la Consejería de Justicia y Administración Pública, se sustenta en cinco líneas estratégicas orientadas a mejorar el acceso de los ciudadanos a la administración, aumentar la eficacia y la transparencia, fomentar el desarrollo profesional de los trabajadores públicos, gestionar el intercambio eficaz de la información y favorecer la cooperación con otras administraciones.