Los intereses contrapuestos del Gobierno, los sindicatos y los empresarios han impedido que la reforma de las pensiones que han acordado, y que firmarán en los próximos días, haya abordado objetivos más ambiciosos, que amplios sectores defienden para afianzar el sistema afianzar el sistema a largo plazo. El Ejecutivo y los agentes sociales han pactado una serie de medidas sobre la Seguridad Social que, si bien permiten solventar algunos desajustes, dejan pendiente esa actuación de gran calado que diversas instituciones y expertos reclaman como respuesta a la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, y que entrañaría iniciativas tan drásticas como el retraso de la edad de jubilación o alguna fórmula para reducir la cuantía de las prestaciones.

Las modificaciones consensuadas han generado críticas desde diversos ámbitos. En unos casos, por considerar que suponen un recorte inasumible -ELA, LAB, un sector de CC. OO. y otras centrales-; y, en otros, por verlas insuficientes para resolver los problemas que surgirán en el futuro.