El colectivo Redein mantuvo la primera toma de contacto con la fiscal antidroga, Ana Villagómez, después de que fuera nombrada delegada en exclusividad de la Fiscalía central que reprime este negocio ilícito. Los representantes de la coordinadora oyeron de la boca de Villagómez la confirmación que esperaban, que se presentará acusación en las piezas que quedan por enjuiciarse y que nacieron de la llamada operación Semilla.

Villagómez explicó que al final han tomado esta decisión, descartando la posibilidad de solicitar el archivo de las causas pendientes, «para dejar que sea la Audiencia y en último extremo el Supremo los que dicten sentencia».

La fiscal antidroga no ha consultado previamente a la Fiscalía General del Estado como apuntó en informaciones anteriores de este medio. Aseguró que ha sido una decisión tomada exclusivamente en Cádiz, como muestra también de la posición firme que se mantiene contra los narcos.

La duda sobre lo que hacer en los procedimientos pendientes del caso Semilla nació a raíz de las dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se desautoriza la instrucción iniciada por el juez López Marchena, al entender que se extralimitó en sus competencias territoriales, y sobre todo porque anula una de las pruebas periciales con más peso: las escuchas telefónicas. En cualquier caso, Villagómez confía en que los procedimientos que quedan no se vean afectados por las decisiones del Supremo, dado que en algunos casos ni tan siquiera se utilizaron pinchazos y en otros, la competencia está justificada como las piezas de El Puerto. Así, recuerda que en uno de los procesos de Jerez, que se disgregó de la causa abierta en San Fernando, se ha condenado a dos personas y no se admitió la nulidad de las escuchas que solicitaron los abogados de la defensa.

También es consciente de que las sentencias del Supremo servirán para que las representaciones legales de los acusados las utilicen en su propio beneficio y recurran aquellas decisiones de la Audiencia que no son favorables.

Falta de medios

Ante la llegada inminente de una nueva fiscal anticorrupción y la puesta en funcionamiento de el Greco, Villagómez recordó que es esencial que estas medidas vayan unidas a la dotación de una infraestructura necesaria para que puedan ejercer sus funciones sin problemas. Así, recordó que en su caso, desde que fue nombrada fiscal delegada antidroga en exclusividad, pese a que la liberaron de los procedimientos ordinarios de otra naturaleza, no cuenta con funcionarios que trabajen en exclusiva en las causas contra el narcotráfico y tiene que compartirlos con otros fiscales.