Al final, salvo algunos matices, todo queda como estaba. La Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico autoriza al Ayuntamiento de Cádiz la instalación de chiringuitos, la celebración de barbacoas, la iluminación y la proyección de cine en una pantalla gigante, e incluso deja abierta la posibilidad de organizar conciertos.

Muchos se preguntarán los motivos de tanta polémica y las razones de esta marcha atrás de Costas, que en su día, ajustándose a las normas vigente, prohibió la celebración en las playas de todos estos eventos. La respuesta, por extraño que en un principio parezca, se puede hallar en el enfado que en su día provocó la destitución del jefe de departamento de Costas, Gregorio Gómez Pina, debido a una autorización que firmó para la realización de estudios científicos de un barco cuya tripulación luego fue detenida por expolios en el litoral.

Este cese fulminante generó un enorme malestar porque se consideró injustificado -el permiso, evidentemente, no era para expoliar-. En muchos departamentos de Costas, a nivel nacional, este malestar se traduce ahora un celo profesional absoluto a la hora de tramitar permisos. Algo así como el trabajo a reglamento. Si Costas quiere mirar para otro lado en la aplicación de la Ley -como ocurre las solicitudes de los ayuntamientos-, que sea un cargo político el que rectifique, firme y el que de la cara, piensan algunos técnicos. Así de fácil.