Hace unos días conocí las tribulaciones de algunas familias de Jerez con el asunto de la vivienda. El problema, recogido en este rotativo, no es baladí. No es que estas personas fueran unos sin techo, habitaran bajo un puente o en una infravivienda, no. El desvelo de estas familias lo ocasiona una ley autonómica que les ha pillado con el pie cambiado obligándoles a asumir dos hipotecas. ¿Santo cielo! con lo negro que pinta el horizonte para estos préstamos casi vitalicios, porque creo que ya los hay a pagar en 40 años. Repunta el interés, el manoseado y mil veces mentado euribor, y los préstamos hipotecarios cada vez serán más difíciles de pagar. ¿Qué miedo!

Al menos 600 operaciones de compraventa de inmuebles se han paralizado o se hallan en suspenso por la entrada en vigor, hace seis meses, de la Ley de Medidas sobre Viviendas Protegidas y Suelo. Algunos hablan de hasta 30 mil familias afectadas. El descalabro que ha provocado la norma no sólo molesta a los propietarios de viviendas de protección oficial. También perjudica a las agencias inmobiliarias cuya cartera u oferta se nutría de este tipo de casas. Claro, es que al parecer, en torno al 70% de las viviendas de Jerez son protegidas. El pingüe beneficio del lucrativo negocio inmobiliario se está frustrando con esta ley.

Puedo entender el malestar y preocupación de los empresarios y trabajadores del sector. Peligra su actividad. Pero sobre todo comprendo la angustia de los vendedores potenciales. No pueden vender ahora al precio del mercado sino al marcado por la Junta de Andalucía, lógicamente inferior. Sus casas han perdido valor y resultan menos interesantes de adquirir, ya no suponen una buena inversión. El problema de todos ha sido la desinformación y el agravante de algunos es que se animaron a comprar sobre plano una nueva vivienda, esta vez de renta libre, y ahora se ven en la tesitura de afrontar dos hipotecas. O eso o vender la nueva casa y renunciar a su sueño de ladrillo.

Entiendo que habrá casos diferentes y que no todo el mundo es un especulador feroz, pero es difícil no dejarse llevar por la fiebre inmobiliaria. Está claro que las reglas del mercado las pone el mercado y las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas. De acuerdo. Pero coincidirá conmigo en que no es demasiado legítimo que alguien compre una vivienda en régimen especial, las conocidas viviendas de protección oficial, por presentar unas determinadas condiciones económicas y sociales, y al cabo de pocos años la venda a precio de mercado. No me parece justo. El beneficiario de esa vivienda no puede beneficiarse también de la locura inmobiliaria que vivimos desde hace más de un lustro. El urbanismo desaforado y salvaje, según acabamos de conocer, ha aumentado en los últimos 20 años un 40% el suelo edificado en España, especialmente en la costa mediterránea. Y ahora dice el Gobierno que estas cotas son «insostenibles e irresponsables». Pues a ver qué hacen.

La especulación brutal es la causa de este mal. Sería bueno que la vivienda dejase de ser interesante para los inversionistas, alejados de La Bolsa porque la vivienda ha sido hasta ahora valor más seguro y rentable. Ahora bien, creo que es respetable invertir en una casa pero asumiendo el riesgo de toda inversión. Todo aquel que invierta en cualquier cosa debe afrontar la posibilidad de perder. Luego no vale pedirle cuentas al rey, al gobierno, como hacen ahora afectados por la presunta estafa de los sellos que tienen la desfachatez de pedir el resarcimiento económico por el supuesto fraude a la administración. ¿Hemos de responder solidariamente el resto de ciudadanos-contribuyentes por la ingenuidad interesada de los avariciosos? Me parece que no.