El ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, aseguró ayer, en relación a las denuncias de escalas en España de vuelos ilegales de la CIA que desde que el Gobierno conoció «este asunto», ha actuado «con pleno rigor, seriedad y prudencia» y expresó su disposición a informar «al máximo» de todos los datos de que dispone.

Afirmó que el Gobierno español preguntó a Estados Unidos «si había algún elemento de ilegalidad» y la repuesta que recibió fue que «no se había producido ningún acto ilegal en territorio español». «Nuestra voluntad es de cooperar al máximo, investigar al máximo» y ofrecer «plena transparencia», afirmó en declaraciones a Radio Nacional.

Los aviones operados por la CIA hicieron escala en aeropuertos de 33 países europeos. El informe, que sigue la pista a 27 aparatos propiedad de empresas «tapadera» de la CIA, recoge un total de 1.080 escalas. El informe de Fava estipula que un total de 125 vuelos hicieron escala en 10 aeropuertos españoles.

Quejas de EE UU

Por su parte, el Congreso de EE UU está negociando una resolución de condena a la comisión temporal del Parlamento Europeo que investiga las actividades de la CIA en territorio europeo, al tiempo que elogia la cooperación en la lucha contra el terrorismo de «importantes aliados» y los esfuerzos en este combate de la agencia norteamericana.

El borrador de la resolución, que se ha hecho llegar a la delegación parlamentaria del PE para las relaciones con Estados Unidos, considera que las declaraciones de la comisión «rebajan la seguridad de los ciudadano europeos y norteamericanos y aumentan las probabilidades de actos terroristas».

El texto sostiene que las entregas son una «herramienta» antiterrorista que Estados Unidos ha utilizado durante años, y que se hacen de acuerdo con sus leyes y las obligaciones derivadas de los tratados, que la CIA no «consiente ni tolera» la tortura, el transporte individual a otros países donde se tortura, ni pruebas obtenidas a través de estos medios.