El modelo de gestión de la prestación de incapacidad temporal (IT) «es malo», según el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. A su juicio, el hecho de que las comunidades autónomas reconozcan el derecho mientras sea su Departamento el que lo paga produce una disfunción, que impide un mayor control del gasto. Los datos provisionales indican que en 2005 se registraron 2,5 millones de procesos ante los que la Seguridad Social pagó 6.300 millones, y las empresas 3.000.

La prestación IT cubre a los trabajadores impedidos eventualmente para desarrollar su actividad por enfermedad común o profesional, accidente o por encontrarse en observación, mientras reciben asistencia sanitaria. En caso de enfermedad o accidente común, el pago desde el cuarto hasta el decimoquinto día corresponde a la empresa, después a la Seguridad Social. Para Granado «lo razonable» es que «sí la Seguridad Social tiene una política de gasto determinada tenga una capacidad de control razonable sobre esa política y no tenga que dar por bueno acríticamente las decisiones que se toman en ámbitos ajenos».