El pleno del Parlamento andaluz dio ayer luz verde, con el único apoyo del PSOE, a la tramitación por vía de urgencia de la futura ley del botellón, un proyecto que permitirá a los alcaldes inhabilitar a los empresarios que la incumplan y que fue tildada por la oposición de «represiva».

«La denominada ley de potestades administrativas en materia de actividades de ocio en los espacios abiertos ha sido respaldada por la mayoría de la sociedad andaluza y por el 52% de los participantes en el botellón. Los afectados coinciden en señalar que es la solución a los problemas que genera», afirmó la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo.

La norma, que entrará en vigor a principios de 2007, da cobertura jurídica a los ayuntamientos para regular las concentraciones al aire libre, lo que permitirá a las policías locales intervenir las bebidas del botellón, clausurar temporalmente los establecimientos infractores y precintar vehículos de venta ambulante.

El PP no apoyó la futura ley, pero se abstuvo con el argumento de que es «manifiestamente mejorable» en el trámite de enmiendas, especialmente en los aspectos financieros, educativos y preventivos. La diputada popular Arancha Martín criticó su carácter «prohibitivo y represivo», y dijo que en algunos aspectos «roza la inconstitucionalidad» y que lo que hace la Junta es «trasladar el problema» a los ayuntamientos y «sin medios».

«Más de media legislatura esperando la ley y ahora viene por vía de urgencia, lo que resulta una excusa. No se puede prohibir sin alternativa y sin la dotación necesaria», denunció Martín.

José Manuel Mariscal, de IU, que pidió la devolución de la ley por ser un «catálogo de prohibiciones y multas, y no abordar el fondo del problema», insistió en la idea de que el proyecto de la Junta es «meramente represivo y muy electoralista»

«Pretende la privatización de los espacios públicos y supone un intento de criminalización de los jóvenes. Nacerá muerta en los despachos, es una aberración y será muy difícil de aplicar para los ayuntamientos», denunció. Argumentó que el último macrobotellón celebrado en Andalucía ha sido «la Romería del Rocío que, además, se celebra en un parque natural».

También el PA presentó enmienda a la totalidad, aunque con texto alternativo, por considerar que «no aborda» el fondo del problema y trata a la juventud como «alcohólica y delincuente», indicó su portavoz Pilar González, que criticó las «prisas» y la «exclusión» de los jóvenes en su elaboración.