Un historiador conocido, que hacía público su saber sobre yacimientos arqueológicos bajo el mar, un submarinista que no dudó en salir fotografiado en prensa con una pieza antigua entre sus manos mientras la Guardia Civil investigaba a colaboradores suyos; ambos fueron detenidos y relacionados con una de las varias redes de expoliadores vinculadas dentro de la operación Bahía, cuya fase de explotación se inició en El Puerto con el registro del buque Louisa. Las dos personas antes mencionadas apelaban a una ley del mar que afirma que aquel que encuentre algo tiene derecho a repartirse con el Estado su valor. Pero en ningún momento se refirieron a los daños irreparables que se cometen en los yacimientos e incluso en el ecosistema donde está insertado un tesoro, que es arrancado con el fin último de engrosar colecciones privadas.

Además, la profesionalidad que han alcanzado estos aspirantes a Indiana Jones es tal, que sus equipos no sólo incluyen mapas y pequeñas herramientas; en el Louisa aparecieron sofisticados sistemas para detectar bajo el agua pecios. También, estos Piratas del Siglo XXI -como se hacían llamar- contaban con armas para defenderse de otros ¿piratas?, ¿policías?, ¿algún curioso molesto? El delincuente más vil no sólo asesina o vende droga, también surca mares aunque reivindique su amor al arte.