El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto que determina los órganos competentes para la imposición de sanciones por infracciones a la normativa de relaciones laborales, prevención de riesgos laborales y empleo. El Consejo de Gobierno es el órgano que tendrá potestad para el cierre de una empresa en caso de infracciones severas en materia de salud y seguridad laboral.

De acuerdo con el decreto, las atribuciones sancionadoras en materia prevención de riesgos laborales corresponderán a las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo (hasta 30.050,61 euros), Dirección General de Seguridad y Salud Laboral (hasta 90.151,82), Consejería de Empleo (hasta 300.506,05) y Consejo de Gobierno de la Junta (hasta 601.012,10).

Trámite de la ley

El visto bueno al decreto coincidió con el debate en el Parlamento de la la ley de creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, cuya puesta en marcha se producirá tras varios años de retraso.

Dicha ley superó ayer el debate de totalidad, lo que le permitirá afrontar la correspondiente tramitación parlamentaria antes de su aprobación definitiva.