La futura Ley Andaluza de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género otorgará el máximo rango legal a las iniciativas desarrolladas por la Junta para erradicar los malos tratos contra las mujeres, un problema que motivó la presentación de más de 13.000 denuncias en la Comunidad autónoma el pasado año y de 4.326 durante los cuatro primeros meses de 2006.

El Consejo de Gobierno acordó ayer iniciar los trámites de este anteproyecto de Ley, que consolidará y reforzará los recursos asistenciales y preventivos desarrollados desde 1998 en los dos planes autonómicos contra la violencia de género, con una inversión total de 55 millones de euros, y permitirá reconocer legalmente en Andalucía los derechos de las mujeres víctimas y de sus hijos a recibir atención especializada, protección, seguridad, información y ayudas para la recuperación y la integración sociolaboral. La titular de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, explicó que la futura Ley andaluza, que vendrá a «complementar» la norma ya vigente a nivel nacional, sitúa como actuación prioritaria la «prevención», para lo que centra todos sus esfuerzos en «evitar por todos los medios que la violencia se produzca», toda vez que la nueva Ley nacional ya aborda el aumento de penas para los autores.

Como principales medidas preventivas, el anteproyecto prevé la aprobación, cada cinco años, de un plan integral en el que participarán organismos e instituciones de los ámbitos social, jurídico, educativo, sanitario, de la seguridad y de los medios de comunicación.

Integración

Respecto a la salud, se incluye la atención psicológica como parte del tratamiento a las víctimas; en la atención jurídica se garantiza la asistencia letrada por el turno de oficio especializado.

En el capítulo de las iniciativas para la recuperación y la integración de las víctimas, la ley establecerá un cupo de reserva específico en todas las promociones de vivienda protegida para su cesión o adjudicación a mujeres que acrediten sufrir malos tratos. Como principal novedad, esta medida incluirá viviendas en régimen de propiedad, frente al actual cupo limitado al alquiler. También la Junta deberá ofrecer ayudas a la contratación de mujeres víctimas y al fomento de sus iniciativas empresariales, previo acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales.

De igual modo, se fomentará que en la negociación colectiva se incluyen disposiciones orientadas a que las mujeres mantengan su empleo cuando se vean obligadas a dejarlo temporalmente por su situación personal. En el caso específico de la Administración autonómica, se garantiza el derecho a la reducción o flexibilización de la jornada, así como a la movilidad geográfica y la excedencia.

Protesta de Oña

Por su parte, la vicesecretaria del PP-A, Esperanza Oña, denunció ayer que el PSOE ha «boicoteado» la propuesta de Ley de Igualdad presentada por su grupo al eliminarla del orden del día del pleno del Parlamento de ayer, según ella, para evitar que le reste protagonismo al anteproyecto de Ley de violencia de género, cuyo trámite aprobó ayer el Consejo de Gobierno.

Ha sido una medida basada en criterios «mediáticos y propagandistas», apuntó Oña. Recordó que su partido registró la proposición de ley el pasado 10 de mayo para que pudiera ser vista ayer.