El cambio de moneda hizo aflorar una fuerte cantidad de dinero negro sobre el que todavía no se ha intervenido en la provincia. Así lo denunció ayer cuerpo de técnicos financieros del Ministerio de Economía y Hacienda, que calcula que el blanqueo de capital alcanzó los 225 millones de euros sólo en el sector inmobiliario y en el año 2001. Esta estimación de economía sumergida destapada en Cádiz prácticamente se iguala a la de Málaga, donde la Agencia Tributaria tiene contabilizado un fraude de unos 252 millones de euros basado en aquellas inversiones que se hicieron en vivienda y fueron muy superiores a la capacidad económica del contribuyente.

Este volumen de negocio habría generado a Hacienda una recaudación de 52 millones de euros, que es la que ahora reclaman que se cobre.

Esta estimación de economía sumergida destapada se basa en los estudios realizados por el Banco de España y el BBVA sobre las repercusiones de la nueva moneda en el flujo de dinero en el país.

Con esta base y la propia información de la Oficina de Investigación del Fraude, Hacienda tiene en su poder una «lista negra» de declarantes sospechosos de este blanqueo y ahora los técnicos del Ministerio reclaman que se investigue «inmediatamente» el origen y la justificación de estos caudales, ya que el plazo legal es de cuatro años y expira el próximo 3 de julio, al término de la actual campaña de declaración del IRPF. «La transición cómoda y rápida que se adoptó cuando era ministro de Hacienda Cristóbal Montoro implicaba también una amnistía fiscal para estos casos. Ahora la Agencia Tributaria debe tomar la decisión de iniciar actuaciones contra esos propietarios inmobiliarios que no podrían justificar sus compras con las cantidades declaradas», según explicó el vicepresidente de Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Gestha), José María Mollinedo.

Fórmula de actuación

La demanda es que la Agencia Tributaria inicie el procedimiento para evitar que este fraude quede impune y dada la alta casuística, este colectivo propone que se establezca un baremo mínimo sobre el que actuar, de forma que, por ejemplo, se fije un número crítico de adquisiciones sobre el que empezar a investigar entre aquellos compradores, que no sean promotores, que realizaran en 2001 adquisiciones inmobiliarias excesivas en comparación con su nivel patrimonial.

Además de este negocio ilícito en el sector inmobiliario, la moneda única también provocó un incremento del 7,4% de la venta de coches de lujo y del 40% en las valoraciones de las subastas de arte. En total, Hacienda estima que el «frenético» cambio de manos de dinero negro hizo que en España afloraran 10.970 millones de euros.