La situación precaria en que se encuentra la planta Delta de tratamiento de residuos industriales e hidrocarburos no es desconocida para Izar, empresa propietaria de la sociedad Delta que gestiona la instalación y que, a su vez, depende del Ministerio de Industria a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Según fuentes cercanas a la negociación que se mantiene desde hace meses para dirimir el futuro de esta infraestructura ubicada junto al astillero de Cádiz, los responsables de esta compañía pública conocen el peligro medioambiental que entraña la planta tanto por su estado «muy obsoleto», ya que su construcción data de los años 60, como por la falta de un sistema de depuración, tratamiento o evacuación de las aguas tóxicas que acumula en sus tanques desde, al menos, el verano de 2005.

Estos depósitos almacenan los líquidos procedentes de la gestión de los desechos oleosos de grandes industrias de la Bahía, de la provincia y hasta del país, como Dragados, Delphi, Acerinox, la Base Naval de Rota en virtud del convenio Marpol para tratamiento de residuos de buques. La capacidad de estos buques es de 30.000 toneladas y tras un año de progresiva acumulación, están al borde de la saturación con más de 27 millones de metros cúbicos.

La causa de esta situación es que la planta Delta, que tiene licencia de actividad hasta finales de 2007, incumple en la actualidad los parámetros máximos de residuos impuestos por la Consejería de Medio Ambiente después de que fueran endurecidos el pasado año para evitar nuevas catástrofes naturales como la de Aznalcóllar o el Prestige. Sobre este extremo, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz -propietaria de los terrenos que están cedidos por concesión a los astilleros hasta 2020-, Rafael Barra, aseguró desconocer el motivo del sostenimiento de esta situación, que, además, impide a los astilleros contratar obras medias y grandes de reparación porque no puede desgasificar los barcos. «No entiendo por qué no se llevan las aguas y pueden atender barcos. No sé a qué están jugando», sostuvo Barra, quien reconoció que la Autoridad Portuaria tiene «potestad, aunque no obligación» de vigilar controlar las actividades que se desarrollan en su suelo, pero que «hasta ahora no se ha ejercido». Preguntado por el motivo de esta actitud, el presidente de la Autoridad Portuaria contestó con un escueto «porque Navantia es Navantia», aunque posteriormente matizó que la instalación no ha cometido «ninguna irregularidad».