En el plazo máximo de dos meses, la casa club del complejo turístico y deportivo de Montenmedio tendrá que ser demolida. Bien por su propietario, Ibercompra SA, que tendrá 30 días para ejecutar voluntariamente la orden, bien por el Ayuntamiento, o en todo caso, por la Junta de Andalucía, pero con cargo a las arcas municipales barbateñas. Al menos, así lo establece una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que rechaza los recursos de súplica que Ibercompra y el Consistorio presentaron a una sentencia en el mismo sentido emitida por este tribunal en octubre de 2004.

No obstante, contra esta decisión judicial, el Ayuntamiento ya ha presentado un nuevo recurso, en este caso, de casación, obviando incluso el hastío que el TSJA evidencia en el documento por este «largo proceso» en el que se ha demostrado «paciencia» -diez años-. Es más, deja claro en la resolución que sobre Montenmedio «se ha tolerado el agotamiento de todas las posibilidades de defensa de sus posiciones hasta lo razonablemente permisible».

Desde el Consistorio barbateño, ésto no se comparte, de ahí el nuevo recurso, que se sostiene en la misma tesis que en el de súplica: el sinsentido de demoler un edificio, cuando ya cuenta con una segunda licencia que permitiría su reconstrucción. El alcalde de Barbate, Juan Manuel de Jesús (PP), anuncia que seguirán apurando cualquier resquicio legal, no sólo por la existencia de esta licencia, sino por el perjuicio que ello les podría suponer por cuanto Ibercompra podría reclamarle una indemnización.

Por su parte, el delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, mostró su satisfacción por este «ejemplar» dictamen, que definió de «noticia muy positiva» por coincidir con la postura siempre mantenida por la Administración andaluza de la necesidad de poner coto a la «política de hechos consumados» que muchas veces rige en las actuaciones urbanísticas y que persigue la legalización de lo ilegal.

Además, incidió en que lo importante de este caso no es sólo la «reparación de la legalidad infringida y demostrar que la ley se impone por encima de todo», sino que sirve para gratificar a quienes sí cumplen con las normas.

Una década de conflicto

El conflicto tiene sus orígenes cuando sobre suelo no urbanizable Ibercompra SA construyó su casa-club. El Ayuntamiento, entonces en manos del PSOE, quiso poner solución con la concesión de una licencia sujeta a un futuro Plan Especial de Mejora del Medio Rural, que sería aprobado más tarde, pese a contar con todos los informes en contra de la Administración autonómica.

En 1996, la Junta, fiel a su tesis de la ilegalidad de la licencia, tomó cartas en el asunto y en 1999 el TSJA le daba por vez primera la razón, declarando nula la licencia y ordenando la demolición, aunque quedó en suspenso por otro proceso judicial paralelo sobre la legalidad de dicho plan -que pese a estar recurrido, estaba vigente y obligó al Ayuntamiento, ahora del PP, a conceder una segunda licencia- . Tres años más tarde, el Tribunal Supremo, acorde con el TSJA, también dictaminó la demolición y no admitió el primer recurso de Ibercompra y el Ayuntamiento.

El último paso en este caso fue una sentencia del TSJA de 2004, en el mismo sentido que las anteriores, pero que no se aplicó en virtud del recurso de súplica presentado por las dos partes afectadas y que ahora se ha resuelto en su contra.