La reciente publicación de la convocatoria de subvenciones a asociaciones vecinales 2006 ha generado una cascada de críticas por parte de su Federación Local, en las que cabe distinguir dos planos diferenciados: las supuestas ofensas que se le atribuyen a esta concejal contra la dignidad del movimiento vecinal y los desacuerdos respecto a ciertas disposiciones normativas, que se denuncian como una especie de corsé de hierro impuesto contra el tejido asociativo.

Lamento la interpretación que se ha hecho de mis declaraciones. Partiendo del supuesto de que cuando un mensaje no es correctamente interpretado, la mayor responsabilidad recae en su emisor, me dispongo a enjugarla con las puntualizaciones que siguen.

La ausencia en nuestra convocatoria del principio de «café para todos» es una frase (quizás poco afortunada) que describe el procedimiento por el que se determina la cuantía de las subvenciones, a partir de un baremo de puntos que se aplica en su integridad a todos los proyectos y asociaciones concurrentes. Es un procedimiento concebido como garantía de transparencia, que en nuestro caso se refuerza con la singular institución de una comisión de valoración integrada paritariamente por técnicos municipales (sin presencia política alguna) y por representantes asociativos designados por el Observatorio Ciudadano. Es un procedimiento distinto del aplicado en convocatorias anteriores, que generaban o bien de repartos de fondos por igual importe, o bien asignaciones por cada asociación que tendían a mantenerse casi invariables año tras año. Son también procedimientos legítimos y fundados en criterios perfectamente aceptables. Pero que debemos sustituir, sin que ello implique su descalificación, ni la de sus asociaciones beneficiarias.

Han sido tachadas como signo de mi desconocimiento de la realidad vecinal mis dudas acerca de la entidad real de toda asociación que declare, sucesivamente, que cuenta con cientos e incluso miles de socios, que reconoce la condición de socio mediante el pago de cuotas, pero que apenas genera ingresos por este ni casi por ningún otro concepto. Nunca he pretendido sino apelar a la necesaria definición en sus justos términos de los límites de cada colectivo. Por la simple razón de que el argumento de la cantidad de miembros no sirve como demostración de calidad del proyecto asociativo.

Se me ha tachado también de ignorante al insistir en que las asociaciones ciudadanas deben esforzarse en diversificar sus fuentes de financiación. Esta concejal cree firmemente en la riqueza que para toda sociedad genera un potente movimiento asociativo (lo que algunos teóricos definen como el capital social de una colectividad). Por eso no me cansaré de advertir del riesgo de hacerlo depender de una sola fuente de financiación. Más aún cuando se trate de poderes políticos que, aun democráticamente constituidos, pueden poner altos precios a su condición de patrón único de toda actividad asociativa. Puedo aceptar, no obstante, que las arcas municipales sigan siendo un apoyo esencial para la salud económica de las asociaciones. Y hasta donde lleguen los recursos que me toque administrar, mantendré mi compromiso en este sentido.

En cuanto a los aspectos normativos de la convocatoria que han sido cuestionados, debo hacer constar, en primer lugar, que resultan del marco legal vigente de obligado cumplimiento, que ya formaron parte de las bases de 2005 y que han sido en todo momento conocidos por los dirigentes de Solidaridad, sin que se nos haya expresado hasta ahora un rechazo frontal a ninguna de sus disposiciones.

En todo caso, y por tratarse de cuestiones de índole legal, no me corresponde analizar hasta qué punto caben interpretaciones técnicas o jurídicas más o menos flexibles, aunque he cursado expresas órdenes para que se estudien fórmulas que faciliten hasta donde sea posible las obligaciones que el nuevo marco legal impone al mundo asociativo.

Quiero terminar esta declaración, haciendo constar públicamente ante los dirigentes de Solidaridad y ante el conjunto del movimiento vecinal mi admiración personal y mi confianza en su mejor sentido. No me considero depositaria de ninguna verdad revelada y puedo, como quien más, cometer errores. Pero no puedo aceptar la acusación de conspiración contra los intereses del tejido asociativo, que casi desde el primer día de mi toma de posesión profieren determinados sectores del mundo vecinal.

Estoy, antes y ahora, dispuesta a mantener mis compromisos y obligaciones como delegada de Participación Ciudadana. Estoy, antes y ahora, dispuesta a estudiar cualquier posible medida que facilite los compromisos y obligaciones del movimiento vecinal. Hasta donde me lo permitan la Ley y mi conciencia política y ciudadana. Responderé de ello, siempre, ante la alcaldesa que me ha designado para ejercer esta responsabilidad. Y por supuesto, ante todos los jerezanos y jerezanas incluyendo a quienes no me otorguen su confianza.