Aunque desde la Alcaldía se intenta defender la imagen de total normalidad en el proceso de implantación de Ikea en la ciudad, lo cierto es que quedan muchas incógnitas por solventar. Hasta los responsables de la empresa en España admiten que, en comparación con su desembarco en otras ciudades, en Jerez están encontrando más problemas políticos de los deseables, debido al abierto enfrentamiento entre PSOE y PSA en la tramitación de los contratos y convenios urbanísticos por parte del Ayuntamiento. Bien es cierto que la compañía sueca tiene su parte de responsabilidad en el retraso en la definitiva firma del acuerdo sobre los terrenos, ya que el Consistorio todavía espera el acta notarial sobre su renuncia a una opción de compra sobre otros suelos de la familia Terry que cierre este capítulo. Pero también es significativo que formaciones como el Partido Popular aún estén reclamando su acceso al expediente de la operación y que el coordinador de Política Territorial, Pedro Pacheco, también siga esperando una respuesta -afirmativa o negativa- sobre la inclusión de sus sugerencias en los acuerdos. A la alcaldesa, Pilar Sánchez, le corresponde despejar dudas.